La tardía decisión del Consejo de Estado sobre el plebiscito

Autor: Dirección
8 agosto de 2017 - 12:00 AM

Determinó que la magistrada Lucy Jeanette Bermúdez carecía de competencia para proferir individualmente el auto admisorio de la demanda contra el plebiscito

Siete meses y medio después de la admisión de la demanda que pretendía se anulara el plebiscito del 2 de octubre y se convocara una nueva votación sobre el acuerdo con las Farc, la Sección Quinta del Consejo de Estado se ha pronunciado en dos direcciones que tienen importancia para la discusión sobre los procedimientos a que el Gobierno ha acudido para imponer el acuerdo final.

Según lo publicado alrededor de la ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno, y la votación que la avaló, la Corporación determinó que la magistrada Lucy Jeanette Bermúdez carecía de competencia para proferir individualmente el auto admisorio de la demanda contra el plebiscito. El pronunciamiento cuestionado fue proferido ad portas de la vacancia judicial y más que validez jurídica, pues ya estaba en marcha la suscripción y refrendación de las reformas del acuerdo final, la tuvo política. Ello, porque la intensa campaña para producir el desconocimiento de la voluntad popular mayoritaria, que había negado el acuerdo, aprovechó las tesis, y epítetos, de la abogada Bermúdez, que adujo la ya negada manipulación de los ciudadanos para conducirlos a votar NO.

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El segundo componente del nuevo auto es la orden de archivo de la demanda, porque no existe materia sobre la cual pronunciarse, toda vez que el Gobierno maquilló el acuerdo final, creando la imagen de un nuevo pacto con las Farc, y obtuvo aval de la Corte Constitucional para que su aprobación ocurriera por el Congreso como representante de la ciudadanía.

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La tardía decisión del Consejo de Estado favorece retomar el análisis objetivo sobre las estrategias y procedimientos para traicionar el mandato de la mayoría, que rechazó el acuerdo final con las Farc y, en consecuencia, para imponer ese acuerdo mediante la refrendación del delegatario, que la Corte Constitucional respaldó. Esas operaciones extrañas a la democracia rompieron el equilibrio de poderes justificando el paso en el ideal de la paz.

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