En sus comunicaciones, la Policía Nacional define como “brillante” la trayectoria del capitán Víctor Miguel Benavidez Hernández, jefe de la Sijin en Norte de Santander. El oficial fue asesinado el domingo durante un operativo en Tibú, región del Catatumbo, Norte de Santander.

La calificación al servidor público que apenas tenía 35 años se explica en su servicio al país: en una carrera iniciada el 4 de febrero de 2000, cuando ingresó a la Escuela de Cadetes, recibió 58 felicitaciones y tres condecoraciones. El cargo que ostentaba era máxima confirmación de la confianza que había ganado como luchador contra el crimen.

Por quien murió y por la forma en que fue asesinado, es extraño el apresuramiento, que funciona como sordina, con que la Policía atribuyó el crimen a la banda Los pelusos (Epl), organización que, con las Farc, el Eln y facciones de bacrim, actúa en esa región fronteriza con Venezuela e inundada de cocales.

La renuencia a encontrar la verdad de la muerte del oficial, sumada a la de otros miembros de la Policía, es intolerable. Y resulta inexplicable para una sociedad que se ha resignado a ceder principios como el equilibrio de poderes; valores como la justicia, e instituciones del Estado de Derecho a las promesas de cese la violencia, los crímenes de lesa humanidad -como este- y las violaciones a los derechos humanos.