311 líderes han sido asesinados en Colombia desde el 1 de enero del 2016 al 30 de junio del 2018, señaló el Defensor del Pueblo. La muerte aleve de un solo colombiano, no importa su ideología política, etnia, clase social, religión, es una desgracia para el país. El asesinato de nuestros compatriotas debe concitar el rechazo de la muerte como estrategia y el cierre de filas en torno a la vida.

Pero esta -y cualquier otra violencia- no desaparecerá si no se cambian radicalmente los factores que la generan y se establece el imperio de la ley, para que nunca más sea verdad que ser pillo paga.

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La causa principal de la violencia en Colombia es la generalización del narcotráfico y el auge de la minería ilegal. Lo ha sido desde fines de los 60, pero tuvo un descenso ostensible durante los ocho años del gobierno de Uribe, que redujo el número de hectáreas de coca sembrada a menos de 68.000 hectáreas, sometió a los grupos paramilitares y tuvo al borde de la derrota militar a las Farc, unos y otros, principales agentes del narcotráfico y la minería ilegal, así como al Eln y el Epl, casi extintos en ese momento.  Las zonas de influencia de autodefensas y guerrillas fueron recuperadas por el Estado, y la reducción dramática de los ingresos de esos grupos, junto con la mejora de las condiciones de combate de las Fuerzas Armadas, permitieron vislumbrar un país en paz, libre de mafias y en camino a un destino mejor en el campo económico y en el disfrute de los derechos de los colombianos.

Pero Santos trastocó el curso de los acontecimientos. Traicionando a su mentor, a quien utilizó para llegar al poder, decidió negociar con las Farc, no para someterlas a la justicia, sino para construir una nueva institucionalidad en la que ellas aparecían con la legitimidad de quien tiene la razón, y el Estado, la ignominia de quien ha tiranizado a su pueblo. Y para hacerlo, aceptó todas las exigencias que le hacía esa guerrilla, no sólo en el campo de la impunidad para delitos de crímenes de lesa humanidad y de guerra y la participación en política de los responsables de esos delitos, sino también, en el cambio total de la lucha antinarcóticos y contra la minería ilegal.  Por exigencia de ese grupo, terminó las fumigaciones aéreas y la erradicación obligatoria, dejó de perseguir a los grupos que estaban en el negocio del narcotráfico y la minería ilegal, consagró el despojo de tierras a campesinos e incentivó la no erradicación voluntaria y nuevos cultivos, a través del ofrecimiento de subsidios a quienes los tuviesen y se comprometieran a eliminarlos.

El resultado es que, lejos de retroceder, en ocho años, los cultivos de coca superan las 209.000 hectáreas -es decir, se multiplicaron por 3 respecto al 2008- las selvas desaparecen para cultivar coca y producir cocaína y los ríos perecieron por efecto de las dragas depredadoras y el mercurio. Y lo peor, ante el abandono del Estado de la soberanía interna, las guerrillas de todas las denominaciones y los clanes de todos los nombres controlan vastos territorios -el Pacífico, el Nordeste antioqueño, el Catatumbo, entre otros- se alían a conveniencia y contienden entre ellos cuando necesitan, llevándose por la calle del medio a centenares de compatriotas. Es la muerte como estrategia para asegurar el narconegocio

Es en la actividad de esos grupos criminales y en la omisión del gobierno de Santos en su misión de garantizar la vida y los derechos de los colombianos y ejercer soberanía en esos territorios, en virtud de tratado que firmó con las Farc, en las que hay que buscar las causas de esta terrible situación.

Y es combatiendo el narcotráfico y la minería ilegal, recuperando la legalidad y llevando la verdadera equidad a esos sitios, como se resuelve el problema. Ese es el desafío que Duque prometió enfrentar y hay que darle la oportunidad de hacerlo. Utilizar las muertes de nuestros compatriotas para insinuar que desde ya están matando a la nueva oposición, es un abuso. Y un indicativo de cómo será la oposición en los próximos cuatro años. Es importante que la Fiscalía determine sin ambages a los responsables de esos asesinatos y las causas reales que los provocaron. No puede ser que la muerte de los colombianos sirva como estrategia electoral.

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