Kimberly Cardona Grajales

La movilización social como ejercicio del derecho a la libre asociación y reunión pacífica juega un papel fundamental en el ejercicio democrático, ya que la democracia no se agota en las urnas ni en el estrado. Ante la insuficiencia estatal para dar garantías a determinados derechos no queda otra opción que organizarse y exigir vehementemente el cumplimiento de éstos. Es la sociedad civil quien regula al Estado y no al revés, por lo anterior, emprender acciones en torno a la defensa legítima de los derechos es una labor que también compete a la ciudadanía. Una ciudadanía activa es partícipe de que sus derechos y los de otros sectores sociales sean efectivamente cumplidos. Para ello es menester abordar las problemáticas entorno al incumplimiento de derechos humanos. Con exigencias claras, contundentes y con un plan de trabajo que busque dar una solución de manera total o parcial.

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La lucha por la defensa de los derechos humanos se da en diferentes sectores poblacionales de maneras particulares y demeritar a uno u a otro es un gran error. Es evidente que todas las personas tienen los mismos derechos. Pero deben existir estrategias diferenciales de acuerdo con las realidades de cada población con el fin de que todas las personas gocen plenamente de sus derechos acorde con sus particularidades, ciclos vitales, género, etnia, raza, orientación sexual, entre otros. (Decreto “por el cual se adopta la Política Pública Nacional para el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (Lgtbi)”.

Un claro ejemplo del activismo como acto de resistencia es el llevado a cabo en manos de la población Lgbti (Lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales) en Colombia. Estos se han movilizado de manera activa por el reconocimiento de sus derechos y también por ser considerados como una parte de la población no homogénea ya que cada subcategoría del acrónimo Lgbti es aquejada por problemáticas diferentes. Debido a la vulneración y segregación que sufren en múltiples ocasiones por su auto-reconocimiento diverso dentro de una sociedad heteronormativa. La política pública parecer ser una luz en medio de la oscuridad, ya que, es un mecanismo que parece prometer el cumplimiento de sus derechos en la esfera pública y privada. Hay que tener claro que la norma jurídica es una herramienta para poder acceder a los derechos, pero, no es garantía efectiva de su cumplimiento, de que todas las personas gocen plenamente de sus derechos.

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Por esto, el activismo debe ser constante y el principio de corresponsabilidad debe estar latente porque mediante la acción conjunta entre el individuo, estado y sociedad civil, se dará lugar al cumplimento efectivo de los derechos. De lo anterior, se puede inferir que, pese a la diversidad de sectores poblacionales y a las variadas luchas por la defensa de los derechos humanos en múltiples ámbitos, TODAS, coinciden en la importancia de dignificar al individuo.

* Estudiante de filosofía

Universidad de Antioquia