La lucha contra la corrupción, a las urnas

Autor: Nacho
23 agosto de 2018 - 12:45 PM

El pueblo colombiano fue convocado a votar mediante consulta popular de iniciativa política para aprobar o no siete preguntas contra la corrupción en la política y en lo público. Para que la consulta sea viable se requiere que voten doce millones 143.342 ciudadanos.

Medellín

Cicerón definió contundentemente la corrupción como el aprovechamiento de los bienes públicos en beneficio propio.

Y esa relevante descripción de este problema es lo que exactamente sigue ocurriendo en la sociedad actual en todo el mundo y Colombia no escapa a este flagelo, que tanta indignidad y malestar provoca en los ciudadanos, que cansados de tanto descaro se expresan y condenan permanentemente todo lo relacionado con lo público y lo político, acusando a esos estamentos de ser responsables directos del aberrante y continuo robo de los recursos públicos, aunque el sector privado no está marginado de los escándalos de una pesta mundial llamada: corrupción.

En Colombia este mal ha alcanzado dimensiones tan preocupantes que se tuvo que llegar este domingo a la realización de una consulta popular, propuesta por sectores políticos de centro izquierda, para que los ciudadanos no solo se manifiesten en favor de la lucha contra ese grave problema, sino también para enviarle un mandato al Congreso de Colombia, en caso que la consulta sea aprobada, para que legisle sobre las materias que contiene o plantea este mecanismo de participación ciudadana contra la corrupción.

En los últimos 30 años este flagelo ha esquilmado dramáticamente los bienes comunes de los colombianos.

El docente de Eafit, David Suárez Tamayo, para dimensionar el problema en Colombia reveló una lista de los escándalos más sonados que causan escalofrío al recordarlos y comprobar que esta negativa situación requiere de correctivos educativos, culturales, penales y disciplinarios drásticos y oportunos.

Este académico enumera dolorosos casos y escándalos como el Guavio, Termorío, Dragacol, Caja Vocacional, Reficar, Odebrecht, Saludcop, Interbolsa, Invercolsa, Carrusel de Bogotá y los Nule, Foncolpuertos, restaurantes escolares, los carteles del arroz, del cemento, del papel higiénico y de los cuadernos.

Además de lo ocurrido en Estupefacientes, con Agro Ingreso Seguro, el Incoder y hasta en el Metro de Medellín en sus primeros siete años de construcción. Y no se olvida lo sucedido con el parque biblioteca España.

Pero además este educador va más allá del escándalo público y contribuye a entender este fenómeno social dentro del ser humano y en sus actuaciones sociales.

Al respecto sostiene Suárez Tamayo que la corrupción es un fenómeno histórico, cultural, transversal, presente en todas las instancias del Estado y en la sociedad colombiana.

Y señala como causas principales la ambición, la codicia, las ganas de riqueza desbordada, el esnobismo, el arribismo y el irrespeto por las normas.

Las complementa con otras causas más estructurales tales como la debilidad del Estado y la politización de los organismos de control.

El catedrático en ciencia política y exministro de Estado, Armando Estrada Villa, también se adentra en las causas de la corrupción generaliza en el país y devela las malas prácticas que se cometen con lo que primero se denominó auxilios parlamentarios, luego los cupos indicativos y que hoy en Colombia llaman la mermelada.

Este expolítico que le tocó vivir de cerca y denunciar esas irregularidades explica que este tipo de corrupción involucra al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, en una relación en la que esta última rama queda supeditada y dependiente de los gobiernos de turno.

Ministros de Hacienda y directores de Planeación son los encargados de la repartición de las partidas regionales hacia los congresistas, que son los responsables de distribuirlas a su antojo e interés entre alcaldes y gobernadores, que a su vez mantienen relaciones no muy santas con contratitas que encarecen las obras públicas y la plata pública se va diluyendo en oscuras prácticas corruptas.

Por su parte, el profesor de Unaula, Ramón Elejalde, se mete de lleno en su columna de opinión semanal en el tema de la consulta anticorrupción de este domingo y formula una visión académica del flagelo al decir que “en la evolución del Estado Moderno, a las generaciones que compartimos estos tiempos, nos ha correspondido observar las fases del Estado de Derecho, Estado Social de Derecho y Estado Neoliberal, si es que éste logró posicionarse. Del Estado Social de Derecho han dicho todos los autores que su gran debilidad es la corrupción y el excesivo gasto público. Nada más cierto y basta con vivir informado de lo que sucede en el mundo”.

La consulta popular

Los promotores de la lucha contra la corrupción en la clase política y en los servidores públicos, emplearon el mecanismo de participación ciudadana denominado consulta popular para convocar al pueblo colombiano a manifestarse en contra de la deshonestidad en el manejo de los recursos públicos.

Tras la Constitución Política de 1991, con su nuevo espíritu participativo y no representativo, se institucionalizaron siete mecanismos de participación ciudadana para fomentar el activismo de los ciudadanos apáticos a la toma de grandes decisiones de país y orientar su propio destino.

Así las cosas, el colombiano raso o la generación de los últimos 27 años se ha venido familiarizando lentamente con conceptos como el voto, el plebiscito, el referendo, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto etc. hermanitos de la consulta popular.

Este mecanismo de participación ciudadana se usa legalmente para que los ciudadanos manifiesten su opinión sobre asuntos de interés general, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal.

La de este domingo será una convocatoria nacional frente al tema de interés general que es la corrupción que afecta al país.

El registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, ratificó que la consulta popular fue convocada por los ciudadanos para que se pronuncien si quieren que las medidas contempladas en las siete preguntas cursen luego a través de los caminos ordinarios para convertirse en normas.

El funcionario electoral fue muy claro en precisar que si la consulta pasa el umbral y cada una de las siete preguntas son aprobadas, se convierten en una orden para el Legislativo o sino para el Ejecutivo, para hacer cumplir ese mandato ciudadano.

Lo anterior significa que si es aprobada la consulta, el Congreso la debe tramitar, pero si no lo hace, le corresponde al presidente sacar adelante ese mandato de iniciativa popular mediante decretos con fuerza de ley, que sería complementario con proyectos que en tal sentido radique el Gobierno Nacional ante el legislador.

,Lea: Lo regional no primó en el gabinete de Duque

No es con más normas

Sin embargo, el empleo de la consulta popular para provocar esos cambios no ha estado exento de debates por las implicaciones y dudas jurídicas que suscitan algunas de las siete preguntas.

Recordemos primero que los promotores de este mecanismo recogieron cuatro millones de firmas, tres millones de ellas reconocidas por la Registraduría, que el Senado en forma bastante curiosa y sospechosa aprobó a lo mejor por el momento electoral con 84 votos, para que el presidente la convocara y así lo hizo para este 26 de agosto.

Alguien dijo que era el mismo caso que si a los congresistas les preguntaran que si aprobaban atacar la desnutrición o la pobreza.

El debate jurídico se centra entre algunos pensadores en el hecho de si por la vía de consulta se pueden o no adelantar reformas constitucionales y presupuestales, tales como reducir el periodo y los salario a los congresistas, propuestas bastante populistas. En estos aspectos hay pro y contras.

Como también lo origina el tema de si la consulta popular era el mecanismo más idóneo o con fuerza jurídica para introducir esos cambios, o era mejor el plebiscito o el referendo, debate intenso que seguirá abierto aún después de este domingo.

Algunos como el profesor Elejalde aceptan el diferendo, pero lo supera argumentando que el mensaje educativo y el que se le envía al Congreso y al Gobierno para que acometan las reformas que el pueblo exige contra los corruptos, son razones suficientes para darle vía libre a la consulta.

Sobre el alto costo hay casi consenso que es un ataque muy flojo, comparado con las billonadas de recursos que se roban los corruptos.

Pero paralelamente en este tema existe un gran pesimismo, pues se teme que Colombia está perdiendo la lucha contra la corruptela.

Estudios de Eafit revelan que en Colombia existen 19 leyes para combatir la corrupción, cuatro de ellas que aprueban tratados internacionales contra ese mal. Además hay 8 instrumentos anticorrupción, tres decretos y hasta documento Compes.

Lo anterior lleva al profesor de esa universidad David Suárez a inferir que el problema de la corrupción no se ataca con más normas, como las que saldrían en caso que se apruebe la consulta, como es elevar a rango jurídico otros siete tópicos más.

Y como si eso no fuera suficiente, el país cuenta con dos estatutos anti-corrupción muy coyunturales, pues los colombianos tienen la manía de expedir leyes para cada coyuntura o problema.

“Si la corrupción fuera un problema de normas, Colombia fuera el país menos corrupto”, precisó Suárez.

Y a todo lo anterior se suma el hecho de que en ningún país del mundo existen a la vez fiscalía, procuraduría, contraloría, defensoría del pueblo, personerías municipales, oficinas de control interno, auditores internos, revisorías fiscales para sociedades como en Colombia. Esto traduce que el problema no es de falta de organismos de control y tampoco de más normas.

Aún así este domingo habrá otra elección más en este año de gran cansancio electoral, en la que el candidato o el gancho será la lucha contra la corrupción.

Para ello se necesitara que vote la tercera parte del censo electoral, o sea, doce millones 200.000 mil personas.

En el plebiscito del 2016 lo hicieron doce millones 800.000 sufragantes, pero fue por la polarizante puja por el proceso de paz con las Farc.

Y que cada pregunta la aprueben con un SI la mitad más uno de los electores, es decir, seis millones 100.001 electores.

Las 7 preguntas

1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado

Es uno de los interrogantes que más polémica genera, pues no apunta a atacar la corrupción, toda vez que es una propuesta más de impacto económico en busca de igualdad salarial. Es considerada populista.

2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado

Busca que los condenados por corrupción efectivamente paguen sus penas en centros carcelarios y no como ocurre ahora que muchos de ellos tienen casa por cárcel.

3. Contratación transparente obligatoria en todo el país

Pretende que los pliegos tipo no solo se empleen en la contratación nacional, sino que se extiendan a los departamentos y municipios. Y además que no solo cubran los contratos para obras de infraestructura, sino en todos los demás frentes.

4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía

La idea central es que la discusión de los presupuestos de las entidades públicas se haga de frente a la comunidad, acabando con el clientelismo y la mermelada en la distribución de los cupos indicativos.

5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión

La finalidad es que los congresistas sean responsables de su labor ante los ciudadanos rindiendo cuentas públicas de la gestión legislativa, que hoy no están obligados a presentar.

6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio

Determina que en adelante las declaraciones de renta de los congresistas y los altos funcionarios del Estado no sigan siendo documentos privados, sino que todo el mundo tenga acceso a esa información.

7. No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas

Se busca que haya circulación y renovación en las curules del Congreso.

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