El departamento de La Guajira parece un territorio ingobernable. En un año y dos meses se ha quedado sin el gobernador elegido en las urnas.

Primero fue la mandataria elegida en octubre del 2015 Oneida Pinto, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado, al configurarse un caso de inhabilidad.

Y este viernes el Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento contra el gobernador Wilmer González Brito, quien había sido elegido en noviembre pasado precisamente para llenar el vacío que dejó la anterior gobernadora.

Esta inestabilidad en la península del Caribe colombiano, prolonga la lamentable historia de escándalos políticos, de corrupción y hasta de muerte, que ha afectado a su cuestionada clase

política y dirigente, que ha conducido a que se registren dos períodos atípicos en los últimos cinco años, a la detención de tres exgobernadores, dos de ellos condenados y otros tres investigados, según una investigación en esa región de la revista Semana.

Esta situación se suma a la tragedia que vive La Guajira por los gravísimos problemas de hambre, que ha llevado a la muerte de muchos niños, también de sed por la escasez de agua y por la situación de pobreza de la mayoría de sus pobladores.

La Fiscalía General de la Nación acaba de informar que la medida de aseguramiento contra este mandatario se debe al haber constatado graves irregularidades en el proceso de elección de González Brito.

Dicho tribunal ordenó su traslado a la cárcel La Picota de la capital del país.

La Fiscalía lo acusó de los delitos de cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal, por irregularidades cometidas durante su campaña a la Gobernación.

El citado funcionario no aceptó cargos, pero la justicia dictó la medida de detención para garantizar las investigaciones de la Fiscalía y puntualizó que González tiene la capacidad y facultades para delinquir si permanece en libertad, lo que amerita la detención preventiva.

"La modalidad del comportamiento delictivo es lo que nos permite fundamentar que su permanecía en libertad y al mando de la Guajira constituyen un riesgo", manifestó un magistrado del Tribunal de Cundinamarca.

González Brito había sido elegido el 6 de noviembre a nombre del Partido de la U en coalición con la dirigencia seccional del Partido Conservador.

Esto ha llevado a los críticos políticos de lo que está sucediendo en La Guajira a expresar que “volvieron a elegir a los mismos con las mismas”.

González B. logró unir en torno a su candidatura a la Nueva Fuerza Guajira, representada en Alfredo Deluque, del partido de la U, los conservadores y el clan de los Ballesteros, encabezado por el dos veces gobernador Jorge Ballesteros Bernier, padre de Chemita Ballesteros, sucesor del hoy condenado exgobernador Kiko Gómez.

Pero no duró mucho en su cargo, pues ya se ordenó su encarcelación, pese a que fue el único que firmó el pacto de transparencia convocado por la oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, con el objetivo de prevenir la corrupción y garantizar la integridad y transparencia de la nueva administración guajira.

Wilmer González Brito nació en Uribia, la capital indígena de La Guajira; fue alcalde de esa población elegido popularmente para el período comprendido entre los años 1995 y 1997, representante a la Cámara en el 2006 por el Partido Liberal y aspirante a gobernador en el 2014, que perdió, pero que ganó en noviembre de 2016.

También fue secretario de Obras, Planeación y Educación de Uribia entre los años 1990 a 1994.

A través de un comunicado el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que "frente a la decisión de las autoridades judiciales con respecto al gobernador de La Guajira, el Gobierno Nacional se encuentra evaluando la difícil situación del departamento y las distintas opciones del orden jurídico y administrativo que permitan superar la grave situación política, económica y social que lamentablemente viven los habitantes de este departamento". 

El alto funcionario resaltó que en los próximos días se escucharán las distintas fuerzas vivas de la región para tomar la decisión que más convenga a los intereses de la población.

"El gobierno nacional considera que se requieren medidas de fondo que  permitan, entre todos, afrontar la crítica coyuntura actual del departamento", puntualizó en el comunicado.