La Corte o la calle

Autor: Fabio Humberto Giraldo Jiménez
1 agosto de 2018 - 12:06 AM

Que tengan problemas de funcionamiento, todos perfectibles, no legitiman que se sustituyan las instancias judiciales por esa especie de vorágine irremediable a que nos pueden llevar la vox populi o el armato populo

Tan vehemente como detallada y legítima fue la explicación que hizo el senador Alvaro Uribe Vélez sobre su actual insuceso jurídico. Su representatividad política se lo exigía como deber con sus votantes. La coherencia lógica de sus argumentos y el detalle de sus explicaciones se demuestran muy profesionalmente elaboradas y un buen suplemento para el discurso político que busca hacer del asunto causa política favorable. 

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Lo que no me parece correcto es el coro que lo viene acompañando en este trance retando con sacar a la calle el asunto judicial del ciudadano Uribe como no me gustó que se retara con sacar a la plaza de Bolívar el de Petro ni devolver al monte el de Santrich; en los tres desafios se presume que la vox populi o el armato populo tiene más valor que la decisión judicial porque se trataría de personas suprahistóricas o demasiado humanas
El derecho tiene protocolos muy rígidos para aceptar o rechazar como pruebas judiciales los testimonios, la fama o la infamia. La vieja práctica de los “memoriales” de agravios y desagravios ya no se acepta en los procesos y la buena o mala fama de un personaje ya no forma parte del expediente so pena de prejuicio o de perjurio. Los hechos jurídicos son diferentes de los hechos. En lenguaje común tendría sentido decir que el protocolo judicial deshumaniza al reo porque lo abstrae de multiples circunstancias “que no son del caso” porque no tienen importancia para el proceso jurídico aunque la tengan en grado sumo para su historia personal y la de sus querientes. Es por eso que se representa ciega a la justicia y que se asume como costo de su imparcialidad esta especie de ceguera sin la cual no sería eficiente y eficaz. Y si la Corte no actua en consecuencia con ese principio, mucho más en un caso como este tan sensible para una sociedad crispada y nerviosa, no sería tribunal judicial sino Corte de aúlicos o de difamadores. Avisada debe estar la CSJ de que todos sus miembros como aquellos a quienes decide juzgar son solo “sujetos jurídicos”.
Yo presumo la inocencia jurídica del ciudadano Uribe Velez por la simple razón, también jurídica, de que aun no ha sido vencido en juicio; es decir, por razones muy distintas de quienes ya lo condenaron o lo absolvieron. Y por las misma razón presumo la objetividad de la CSJ. Por ello tampoco concuerdo con la estrategia de deslegitimarla para potenciar el argumento callejero, el montaraz, el suprahistórico, el suprahumano o el extrajurídico. La estrategia podría ser eficiente políticamente en el corto plazo para los que son fuertes hoy sin calcular que pueden ser débiles mañana, porque se compromete la imparcialidad y la seguridad jurídica no solo del presente sino también del futuro, si por resolver una afugia le dejamos a la generación siguiente la costumbre de resolver motivados por el olor que nos trae el viento. No podemos caer en los extremos de sacrificar un mundo para salvar a un hombre o sacrificar a un hombre para salvar un mundo.
La modernidad de la sociedad política se mide por su capacidad para llevar a la práctica con eficiencia el principio según el cual el Derecho se construye y se enseña para controlar el poder bruto mediante normas y procesos de decisión. Invertir esta secuencia no es mas que la reivindicación de la primacía del poder bruto o del poder político sobre el Derecho y renunciar a la gran conquista de la cultura jurídica moderna que consiste en la limitación de poderes acostumbrados a la sumisión y a la dominación de hombres sobre hombres, como los poderes que se reclaman naturales, suprahistóricos o superhumanos, provengan estos de un patriarca, de un mesias, de un adalid, de un patrón o de un jefe de guerrillas.

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Es un gravísimo infortunio que las fallas de funcionamiento del sistema judicial colombiano, a cuyo agravamiento han contribuido durante décadas los poderes políticos colombianos -todos- agranden el mundo de lo irresoluto en el que ellos mismos han medrado a gusto y han vivido  plácidamente en los límites de la legalidad, de la formalidad y de la eticidad. Por eso resulta, por lo menos paradójico, que muchos de los que se reclaman víctimas de estas fallas artificiales hayan contribuido durante décadas a su formación o a su agravamiento por omisión o por comisión: parece como si se estuviera vivificando el extraño caso del Doctor Jekill y Mister Hyde.
Que tengan problemas de funcionamiento, todos perfectibles, no legitiman que se sustituyan las instancias judiciales por esa especie de vorágine irremediable a que nos pueden llevar la vox populi o el armato populo. 

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