La participación política de sancionados por la JEP, es uno de los puntos más delicados del proyecto de justicia transicional que se debate en el Congreso de la República. Yo mantengo con coherencia, la posición que he sostenido desde la firma de los acuerdos: los candidatos a cargos de elección popular que hubieren sido acreditados por el Gobierno Nacional como miembros de las FARC-EP, y que sean sujetos de la Justicia Transicional, deberán aportar verdad plena ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición antes de ejercer el cargo para el que fueron elegidos. Para cambiar las armas por las palabras, lo primero que tenemos que hacer es encararnos, decirnos la verdad y oírnos.

Creo firmemente que de todas las instituciones creadas en el acuerdo de paz, la más importante es la Comisión de la Verdad, porque es la herramienta que ayudará a entender qué pasó durante la violencia política en el país, y a evitar su repetición.

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Por esa razón, ahora que nos vemos enfrentados a la posibilidad que excombatientes participen en política sin haber comparecido ante la justicia, debemos ser firmes en exigir que, antes de ocupar una curul en el Congreso, se comprometan a contar toda la verdad.

Tener un compromiso ético con la verdad, no significa imponer obligaciones adicionales a las acordadas con los guerrilleros en la mesa de La Habana. Se trata de que las dos partes del conflicto escuchen las diversas versiones de lo ocurrido en el país y se comprometan a garantizar la solución de los problemas estructurales que la provocaron.

Cada parte tiene su historia, los motivos de cada quien son legítimos y todos los sectores están dispuestos a escuchar a las víctimas. No podemos seguir dilatando la construcción de una narrativa que satisfaga la sed de verdad que tiene la sociedad, especialmente las víctimas.

No olvidemos que el paso definitivo para la reconciliación es el conocimiento de lo ocurrido, eso es la Comisión de la Verdad. No se trata de una verdad judicial, para condenar o absolver a los responsables de esos hechos; se trata de una verdad que permitirá comprender lo sucedido, una verdad que aunque no exija perdón; podrá generar nuevas condiciones para la reconciliación. Desde el Congreso, seguiremos apoyando el liderazgo de las víctimas en la implementación del acuerdo de paz y en la construcción de los escenarios de posacuerdo.