En Cuba la Constitución también es inmodificable

Autor: Eduardo Mackenzie
14 octubre de 2017 - 12:07 AM

El veredicto de la Corte Constitucional colombiana es frágil, ilegal y escandaloso. Está por eso condenado a ser derribado por el país y sus fuerzas políticas

En la Cuba castrista, una dictadura tropical de tipo marxista-leninista, la Constitución también es inmodificable. Un artículo de ésta dice que no se puede reformar el “carácter socialista” del “sistema político, social, y económico” de la isla pues éste es “irrevocable”.

Esa abolición lamentable de la libertad del pueblo cubano a volver a las instituciones democráticas consagradas por la gran Constitución de 1940 fue el resultado de un proceso relativamente lento del régimen dirigido por Fidel Castro. Este, en persona, sin consultarle a nadie, dio los pasos necesarios para obtener esa nefasta modificación constitucional y los organismos de poder siguieron sus instrucciones al pie de la letra. Su propósito, muy poco declarado públicamente al principio, era imponer el criterio de que el marxismo-leninismo debería reinar para siempre en Cuba.

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En abril de 1961, tras la “invasión” de la bahía de Cochinos, y antes de ordenar el arresto de más de cien mil personas y de las primeras ejecuciones de “contrarrevolucionarios” (el 17 y 18 de abril), él había proclamado que la revolución cubana era “socialista”. Siete meses más tarde, Fidel Castro mismo afirmó su filiación marxista-leninista. El primer cambio de fondo de la vieja Constitución ocurrió en 1976. Con el total respaldo de los soviéticos, Cuba aumentaba en esos años en entrenamiento y financiación de guerrillas marxistas en varios países de América Latina, excepto México. Era la época de la gran tensión con los Estados Unidos y del desvió de aviones hacia Cuba. Fidel Castro había hasta aceptado, para reforzar los planes del Kremlin, enviar tropas de asalto cubanas a varios países de África. El respaldo cubano a la invasión soviética a Checoslovaquia de 1968 había sido bien pagado y los vínculos de Castro con Moscú se habían consolidado. La crisis de los misiles en 1962 era historia antigua. Esa fiebre bajará drásticamente a partir de 1989 cuando el nuevo presidente soviético Mijaíl Gorbachov, durante una visita oficial, le pide a los Castro reducir sus costosas aventuras “revolucionarias” y respaldar el proceso democrático en América Latina.

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La enmienda de 1976, presentada como una medida indispensable para frenar las ambiciones de “la contrarrevolución”, buscaba levantar barreras extraordinarias a toda reforma eventual a la Carta. Los resultados de esa reforma, cuyos estudios comenzaron en una comisión desde 1974, no podía hacer más difícil la reforma constitucional: esta se podría hacer pero mediante la votación calificada en la Asamblea Nacional del Poder Popular, es decir con el voto afirmativo de más de las 2/3 partes de los miembros de ese cuerpo. Si la reforma se refería “a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución”, era indispensable, además, “la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea.”

Ese referendo, claro, fue hecho en esa ocasión pero no fue libre. El equipo de los Castro movilizó a los comités de defensa de la revolución para que controlaran a los votantes cuadra por cuadra. Obviamente los resultados fueron rotundos y típicos de las dictaduras: el 97,7% de los que votaron dijeron sí a la reforma.

Tras el colapso espectacular de la Urss y de la renuncia de Mijaíl Gorbachov, Fidel Castro impulsó, en julio de 1992, una nueva reforma constitucional para reforzar aún más el poder presidencial, rechazar el multipartidismo, imposibilitar toda evolución hacia la democracia y reafirmar el carácter socialista del Estado cubano.

En ese periodo, la economía cubana estaba por los suelos. Gorbachov había ordenado el año anterior el retiro de las tropas soviéticas de la isla, en vista del grave deterioro de las relaciones entre La Habana y Moscú. En 1989, Castro había prohibido la circulación en Cuba de la prensa soviética más favorable a la perestroika. El líder cubano temía un golpe de Estado y una “restauración capitalista”, como la que estaba en curso en la ex Urss y en Europa del Este. Para frenar toda veleidad en ese sentido, el 13 de julio de ese año hizo fusilar al general Arnaldo Ochoa, “héroe de la República de Cuba” y oficial destacado por sus combates en Angola, y a tres otros altos mandos que eran bien vistos por la población, después de un proceso de dos semanas transmitido por la televisión.

Acosado por la crisis económica y por el pánico que le inspiraba el fracaso del proyecto comunista en el mundo, Fidel Castro adoptó un nuevo perfil: viajó a Europa, se presentó vestido de civil y como un jefe de Estado responsable y digno de confianza que había abandonado los delirios de los años 60-80. Fue en esos momentos en que La Habana empezó a enviarle mensajes engañosos a Colombia de que cesaría su apoyo a las Farc y a otros movimientos narco-terroristas, a cambio de ciertas concesiones.

La reforma de julio de 1992, en lugar de abrir un milímetro las posibilidades de evolución positiva, como La Habana trataba de hacerle creer a las cancillerías del mundo entero, las cerró aún más. El artículo 137 que salió de esa enmienda dice que la Constitución “solo puede ser reformada, total o parcialmente, por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes”. Y agrega: “Si la reforma es total o se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea”.

En junio de 2002, un Fidel Castro con salud declinante (en junio de 2001 se había desmayado mientras pronunciaba un discurso) modificó de nuevo la Constitución. Dio un paso adelante para atrincherar aún más la dictadura comunista haciéndole decir a la nueva Carta que ésta ratificaba “el carácter socialista del sistema político y social” del país y que ese sistema era “irrevocable”.

La prensa de la isla informó que 8’188.198 ciudadanos en edad electoral (desde los 16 años), es decir, el 99,25% de las personas con derecho a voto, habían firmado a favor de la reforma. El régimen organizo manifestaciones en las ciudades para mostrar que ese cambio gozaba de respaldo popular. La prensa mundial resumió ese proceso y concluyó que el nuevo texto establecía que Cuba “no volverá nunca más al capitalismo”. Según la enmienda, esa era la “digna y categórica respuesta a las exigencias y amenazas del gobierno imperialista de Estados Unidos”.

En realidad, el golpe constitucional dado por la clique castrista había sido la respuesta airada de ésta al Proyecto Varela, dirigido por el disidente Osvaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano de Liberación. Los principales grupos de oposición pacífica habían presentado al Parlamento cubano 11.020 firmas de ciudadanos que pedían la convocatoria de un referéndum para introducir tímidos cambios, como una cierta apertura económica y una amnistía política. Payá morirá el 22 de julio de 2012 en un misterioso accidente automovilístico.

La reacción de Castro fue lanzar en La Habana la “guerra contra los mosquitos”. La súbita y ruda modificación constitucional requería, como lo exigía la constitución de 1976 (modificada en 1992), una votación de la ciudadanía, bajo la forma de un referendo. Empero, los Castro se burlaron de esa exigencia y la cambiaron por otra cosa. “No hubo tal votación”, objeta el especialista Jorge I. Domínguez. Para él, la campaña de firmas bajo la égida de los comités de defensa de la revolución, “no es lo que preveía la Constitución para cualquier enmienda fundamental”.

Para ese analista, la reforma de 2002 “no cumplió con los requisitos establecidos por la Constitución de 1992, que pretendía enmendar”. Es imposible creer, concluye él, “que pueda existir algún cambio más medular a los ‘derechos y deberes consagrados en la Constitución’ que la prohibición total de reformar el sistema político”.

Esta última frase, sobre la “prohibición total de reformar el sistema político”, aunque no fue escrita para el caso colombiano, propone una reflexión sobre el crimen que acaban de cometer los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Arrogándose ilegalmente poderes constituyentes, ellos decidieron que la nueva Constitución colombiana de hecho, el infame acuerdo Farc–Santos, regirá los destinos de la nación y no podrá ser modificada durante los próximos 12 años.

El carácter totalitario de ese fallo es evidente y es del mismo calibre de la reforma instigada por Fidel Castro para Cuba en 2002. Por esa razón aunque es presentado como una orden inapelable y soberana, el veredicto de la Corte Constitucional colombiana es frágil, ilegal y escandaloso. Está por eso condenado a ser derribado por el país y sus fuerzas políticas democráticas lo antes posible.

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