De las últimas intervenciones del procurador Fernando Carrillo sobre la contratación del PAE, recogemos con alguna tranquilidad que haya desistido de su invitación al cierre de un programa estratégico para la salud y la educación de millones de niños y jóvenes. En cambio, el jefe del órgano de control se propone ahora como coadministrador del programa, alejándose de su responsabilidad como vigía de la contratación pública, incluyendo la que se realiza en seguridad alimentaria.

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A propósito de la responsabilidad vigilante de la Procuraduría, son múltiples, y serios, los indicios de fallas en distintos campos de la contratación estatal. Algunos, en infraestructura, han sido avistados por las denuncias de los implicados en la corrupción de Odebrecht. Otros, en servicios públicos, han asomado con las denuncias sobre el desvío de subsidios para la Costa, hecho por Electricaribe. Y se mencionan preocupaciones por los gastos en el proceso de paz, el sector defensa y en salud, principalmente. Todos ellos, sin que sean muchos y muy ejemplarizantes los controles por ese órgano de fiscalización.

Aunque se presenta preocupada por el PAE, la Procuraduría no demuestra eficiencia en las investigaciones por corrupción en los contratos de ese programa. El doctor Carrillo informó esta semana que fueron investigados 1307 contratos de alimentación escolar suscritos en 2017. Encontró, entonces, que el 80% fueron otorgados a través de contratación directa. La observación llevó a la Procuraduría a abrir 152 investigaciones, de las cuales sólo dos han llegado a término, produciendo decisiones contra el exalcalde de Cartagena y el actual alcalde de Montañitas, Caquetá. A hoy, pues, siguen abiertos 150 casos, cifra que muestra ineficiencias del investigador.

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Los hechos de corrupción en distintos campos, y las sospechas de su existencia en otros, indican debilidades del sistema de contratación, aún con el lanzamiento de la plataforma Colombia compra eficiente, y pocas capacidades de los órganos de control para identificar los abusos contractuales, a fin de investigarlos y castigarlos con la celeridad que exige la defensa del erario. En estos campos, la contención de los corruptos mediante modelos de contratación transparentes y exigentes es su primer reto, pero los órganos de vigilancia han de comprenderse coadyuvantes en la formación de barreras que contengan la corrupción. 

El doctor Carrillo ha fijado su atención en el programa que se hizo visible para el país por las incapacidades del Icbf y el Ministerio de Educación para administrarlo. Aunque muy importante, el PAE es uno de los instrumentos del gran objetivo, aún incumplido, de construir un modelo de seguridad alimentaria y nutricional que atienda a la población. La mirada del vigilante en apenas un árbol de ese gran bosque ratifica la necesidad de dotar a Colombia de un sistema de seguridad alimentaria y nutricional como el que confiamos que en la próxima legislatura va a liderar, y sacar adelante, la senadora Sofía Gaviria Correa.