Estas decisiones judiciales dan señas contradictorias. Las unas, de una institucionalidad actuante contra la corrupción. Las otras, las de dudas por la parcialidad de denunciantes y jueces contra el expresidente y candidato de izquierda.
En 24 horas, Luis Inacio Lula Da Silva, expresidente y candidato presidencial, recibió dos sanciones severas de la justicia de Brasil. El miércoles, un tribunal de apelaciones ratificó una condena por corrupción por recibir un apartamento regalado por un contratista de Petrobras, donación que el expresidente niega. El jueves, un juez de Brasilia que lo investiga por corrupción en compras para el Ejército, le prohibió salir del país y ordenó retirarle el pasaporte. A estas causas se suman denuncias por su manejo a las votaciones en el Congreso y por recibir sobornos de Odebrecht. En contraste con estas causas, Lula sigue siendo el más popular de los políticos de su país, con 80% de favorabilidad en la opinión, masas que lo corean, y muy importantes posibilidades de ser elegido presidente, por tercera vez, o de hacer elegir al candidato que podría tomar su posta a nombre del Partido de los Trabajadores.
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Los procesos contra Lula generan polarización. Para quienes confían en las instituciones, la unanimidad de los tres magistrados de apelación, que aumentaron de 9 a 12 años la pena de prisión que a Lula le había impuesto el juez Sergio Mora, y el mandato del otro juez en una causa diferente, hacen ver una institucionalidad judicial que libra una batalla firme para liberar a Brasil de los escándalos de corrupción en varias de sus más importantes compañías públicas y privadas. Lamentablemente, en múltiples hechos han sido señalados tanto el expresidente como su escogida sucesora, la expresidente Dilma Rousseff. Sin embargo, frente a las actuaciones de las instituciones, que han de presuponerse serias e imparciales, se esgrimen argumentos de analistas y políticos que denuncian parcialidades y manipulaciones de pruebas por parte de acusadores, testigos y jueces. Paradójicamente, la izquierda fue señalada como la que hace unos años recurrió a esa clase de abusos de los procesos judiciales para atacar a los gobernantes de derecha.
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Esta causa, y las decisiones en ella adoptadas, son cargas de profundidad contra la campaña presidencial de Brasil, en la que Lula ha sido dado como seguro ganador, si en las apelaciones consigue modificar las decisiones hasta ahora tomadas por los jueces, o en la que puede terminar imponiendo a su candidato, cualquiera sea su nombre, toda vez que los partidos tienen hasta 20 días antes de las elecciones del 7 de octubre para modificar los nombres de los aspirantes. Cualquiera sea la situación que se adopte, la política brasileña quedará contaminada por la fuerte polarización en torno a la culpabilidad/inocencia del presidente-obrero.
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