Por generosidad de la Mesa de conversaciones, las Farc fueron exoneradas de entregar las armas en acto público, acción que permite certificar la voluntad de paz del grupo que cesa el fuego y favorece la confianza en la sinceridad del paso hacia la civilidad. La graciosa concesión se tradujo en un protocolo de dejación de armas que da garantías a las Farc para que oculte la verdad, mediante la dilución de los hechos y el borrado de huellas que demostrarían la ocurrencia de los crímenes y las responsabilidades en su comisión.

El acuerdo de dejación de armas y el anexo sobre registro, identificación, marcado y almacenamiento que hemos traducido en el infográfico en la contraportada no dan garantías de que el Componente Internacional tenga información completa sobre las armas de las Farc y, consecuentemente, pueda verificar que destruyeron, como tendrían que haberlo hecho el Día D+80 (8 de febrero), “el armamento inestable”, así como garantizar que depositan todas la que usaron en el conflicto contra el pueblo colombiano. Dada la reiterada notificación de los jefes farianos sobre su voluntad de confrontar al Estado y la sociedad representada en la Constitución, cumplir con la total dejación de armas debe ser una exigencia irrenunciable que hace la sociedad y defiende la ONU.

A la incertidumbre que crea el modelo, se suman los sacrificios que impone a la verdad, que había sido presentada como voluntad irrenunciable y compromiso moral con las víctimas y la sociedad.

Los negociadores, entre ellos miembros o exmiembros de la Fuerza Pública, aceptaron que se hiciera un registro parcial, fragmentario, y por tanto inútil, que cubre únicamente las armas individuales, o sea aquellas que los farianos tendrán en las Zonas veredales transitorias de normalización, Zvtn. El modelo no explica cómo se registran las armas de combate, así como las que tendrían que haber dejado los milicianos. Las armas que reciban directamente los delegados de la ONU  (sin presencia del componente colombiano) van a ser registradas en bitácoras útiles para evitar su uso en las zonas pero poco aportantes a la construcción de la memoria y la verdad, pues se ha omitido el punto clave de identificación del serial del arma, que es la huella de tenencia y negociaciones y es la base sobre la cual sería posible trazar su origen y ruta, permitiendo identificar a las organizaciones o países que han favorecido el terrorismo de las Farc, siendo enemigos de Colombia, pero también los momentos de adquisición y las rutas de tráfico.

El modelo de dejación, almacenamiento y destrucción escogido también facilita la desaparición de la “huella balística”, que son las marcas únicas que deja cada arma en los proyectiles que en ella se disparan. La destrucción de las armas sin antes ingresar esta data a la base de datos ya existente en Colombia, significa renunciar a la posibilidad de identificar su empleo en crímenes perpetrados por las Farc y facilitar el acervo de pruebas forenses, necesarias para la construcción de la verdad judicial, la cual tiene que ser fundamento de procesos de justicia transicional que deben construirse sobre elementos probatorios ciertos y orientarse a satisfacer las necesidades de las víctimas por acceder a verdad, justicia y reparación. Desde esa perspectiva, la renuncia a obtener y conservar pruebas fehacientes de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, es una traición de la Mesa de conversaciones a su compromiso, presentado como fundamento para solicitar confianza ciudadana en su trabajo, de poner a las víctimas en el centro del proceso de paz. Por eso, en tanto oscurece y oculta, este ejercicio de dejación de armas es un preámbulo del tipo de “verdad” que se podrá esperar de este evento: una sustentada en testimonios y malquerencias, dirigida a actuar como tribunal de inquisición contra algunos y medio de exculpación para los máximos responsables farianos. Con lo visto hasta ahora, no es exagerado temer la reedición limitada y defectuosa del precario, y lamentado, proceso de negociación con el paramilitarismo.

Ante los déficits de verificabilidad, contribución a la memoria y formación de una verdad judicial satisfactoria, que se había ofrecido irrenunciable, sólo resta depositar lo que queda de esperanza en el débil eslabón del Componente Internacional, coordinado por el complaciente general Javier Pérez Aquino, y su obligación de responder al Consejo de Seguridad de la ONU por la dejación de armas y la terminación del conflicto, cumpliendo obligaciones de Colombia con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición según la Carta de Derechos y el Estatuto de Roma.