El POT no puede ser un canto a la bandera

Autor: Henry Horacio Chaves
22 abril de 2018 - 12:09 AM

Tres años después siguen pendientes varias asignaturas del POT que aprobó la ciudad con idea de convertirse en un lugar para la vida y la equidad social.

El nombramiento de Nicolás Duque en la joven secretaría de Gestión y Control Territorial sembró alguna esperanza en la defensa del POT que concertó la ciudad. No tanto porque su talante o ejecutorias prometieran una labor memorable, sino porque su condición de concejal por dos períodos, y su formación de abogado, suponían una cerrada defensa del plan que trazó la ruta de planificación hasta 2027. Él estuvo en las discusiones y la aprobación del acuerdo 048 de 2014, que para muchos aún no ha entrado plenamente en vigencia, pero su labor poco se nota.

Lo dejan pensar reclamos como los de los constructores que, a través del gerente regional de Camacol, Eduardo Loaiza, han conminado varias veces a la administración para que se acelere la reglamentación de la norma, que tres años después de promulgada tiene aspectos pendientes. A esa llamada constante del gremio, le hizo eco esta semana un concejal que fue compañero de curul del alcalde y del secretario en comento: Jesús Aníbal Echeverry, dijo que en la ciudad no se cumple la mitad del POT.

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Un dato estremecedor que acompañó con ejemplos de ocupación indebida del espacio público, urbanización irregular y falta de control en casos puntuales. Pero, además, un claro desafío a la propia norma que en su artículo segundo indica que “Ningún agente público o privado o ciudadano podrá realizar actuaciones urbanísticas que no se ajusten al presente plan, o su desarrollo en instrumentos de planificación complementaria y de normas que lo reglamenten. Igualmente, las autoridades competentes, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este Acuerdo”.

Y lo dispuesto, trasforma -por ahora en el papel-, el modo de ocupación de la cuidad, la clasificación del suelo, la movilidad, el modelo de construcción y una larga lista de aspectos cotidianos que buscaban materializar el derecho al goce equitativo y sostenible de la ciudad que amamos. No se puede quedar allí, en el papel, ni reducirse a cantos a la bandera un Acuerdo que recogió el proceso de concertación y el sueño colectivo, que convocó la participación y la apropiación de ciudadanos, expertos, colectivos sociales y autoridades.

Mientras en Bogotá, por ejemplo, el concejo y el alcalde no fueron capaces de sacar adelante su POT, aquí consagramos en un Acuerdo la posibilidad de instaurar el sentido de “ciudad para todos”, la vida digna y el autorreconocimiento de cada uno como parte de ella.  Hablamos de equidad social y territorial, de protección a la población con mayores condiciones de vulnerabilidad social, económica y ambiental. Nos planteamos asuntos como la resiliencia territorial, entendida como la respuesta del territorio frente a desastres coyunturales “de origen natural o humano”, así como la capacidad para enfrentar su transformación sin violar los derechos de los moradores.

Hoy tenemos la obligación legal y moral de defender un plan de ordenamiento que nos promete seguridad territorial. Es decir, que promueve la consolidación de una ciudad capaz de ofrecerles a sus habitantes las condiciones de estabilidad que requieren para avanzar de manera definitiva en el aprovechamiento de sus capacidades en todas las dimensiones. Una sociedad que nos pueda hacer sentir orgullosos de pertenecer a ella y por eso en esa defensa deberíamos coincidir nuevamente todos, por encima de las diferencias de cualquier índole.

En respuesta a Camacol, la administración ha dicho que avanza en la reglamentación y que la construcción no está parada, pese a que sigue en el limbo la designación de los curadores urbanos. Esperemos que más temprano que tarde se surtan esos procesos y que se ejerza de verdad el control del territorio en la dirección concertada: una ciudad compacta que crezca hacia adentro, una limitación de la ladera con proyectos fundamentales como el Jardín Circunvalar, y gestión eficaz para invertir la pirámide de movilidad con prioridad en peatones y sistemas sostenibles y no motorizados.

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Claro, el plan es una apuesta de largo plazo, pero su única opción de materialidad es a partir de metas cercanas y acciones de control en el presente, que no permitan desviar el rumbo ni repetir la tragedia de épocas anteriores en las que las declaraciones de principios y los planes señalaban un horizonte, pero la realidad caminaba en otra dirección. Tal vez porque como en el adagio de los árboles y el bosque, los altos edificios no dejaban ver la sobrecarga de las laderas.

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