Las decisiones de impugnar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que pretende obligar al presidente del Senado a promulgar un proyecto de acto legislativo archivado, por falta de votos, y de llevar a instancias internacionales el acoso del Gobierno y jueces que deciden según su opinión, y no la ley, son las respuestas dignas de dignatarios a los que la Constitución les entrega la responsabilidad de velar por la separación e independencia de poderes, así como de hacer respetar las decisiones del Legislativo.

Lea sobre la decisión del Congreso

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que el último día del plazo otorgado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca va a presentar impugnación contra la sentencia que le impone promulgar una ley inexistente, acto cuya ridiculez obliga a compararlo con la decisión del juez que impuso a las autoridades bogotanas cambiar su logo para usar lenguaje inclusivo pero que por su gravedad se constituye en otro paso en la ruptura de la separación de poderes y desconocimiento de decisiones democráticas, este también prohijado por el gobierno de Juan Manuel Santos, con la excusa de que los acuerdos con las Farc son “paz”.

En actuación consonante con la defensa de la independencia del Legislativo, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, anunció que no firmará el proyecto archivado, como ordenó el Tribunal, y que va a llevar este caso, que reconoce como “acoso político”, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que ella determine medidas de protección a la independencia de poderes. Es difícil escribirlo, pero la realidad es que al usar todo su poder para atropellar decisiones que el Legislativo ha tomado en uso de sus potestades y cumpliendo con el reglamento, el gobierno del doctor Santos ha dado nuevos pasos hacia la “venezolación” de Colombia.

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La juez administrativa que tomó medidas cautelares pretendiendo imponer la promulgación del acto legislativo y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con un perentorio mandato que extralimita sus funciones han actuado atendiendo el interés, y las opiniones, particular del fallador. Al hacerlo, ha al burlado el orden democrático y desatendido el mandato que claramente expresa que el único control judicial para las actuaciones del Congreso es el control de la Corte Constitucional a los actos legislativos, previa su sanción, o las leyes promulgadas, respondiendo a demandas. Como en este caso no existe ley, difícil es que la justicia pueda imponer decisiones al Congreso.