En una economía capitalista dominada por la ganancia privada, los empresarios toman decisiones de inversión de largo plazo basados en sus expectativas, en un contexto de incertidumbre, sobre los ingresos esperados por su actividad productiva, dados unos compromisos de pagos, y así obtener una ganancia que compense el esfuerzo realizado.
Sin embargo, los inversionistas necesitan que las reglas de juego, las instituciones, funcionen y sean respetadas por los jugadores. La ley de contratos, que regula el cumplimiento de los pagos, es uno de los mecanismos que ha desarrollado las sociedades modernas para asegurar que los compromisos se cumplan.
En este sentido, la regla básica de toda inversión es que los ingresos generados por la actividad productiva superen los compromisos de pagos o por lo menos que sean iguales. En caso de que los ingresos sean menores, y no se puedan cubrir los pagos, ya sea con créditos o con el alargamiento de los plazos, la situación puede llevar a la insolvencia y a la posterior quiebra si la situación no puede ser superada.
En el caso de Electricaribe, que fue intervenida por el Gobierno Nacional, tomando temporalmente la dirección de la empresa, uno de los argumentos de la española Gas Natural Fenosa, que ha dirigido la empresa por 10 años como concesionaria, para no haber dado el mantenimiento de la red, al igual que la prestación eficiente del servicio, sin cortes y suspensiones, es que un gran número de los usuarios no pagan el servicio y se cuelgan de la red eléctrica, de manera ilegal. Esta situación ha llevado a Fenosa a suspender los pagos a sus proveedores de energía y a hacer una reclamación por 3.6 billones al Gobierno Nacional como compensación a las pérdidas sufridas.
¿Por qué un gran número de los usuarios no pagan por el servicio y prefieren una conexión ilegal? Es evidente que la situación de pobreza y de bajos ingresos de la población en la Costa Atlántica, una de las regiones con índices de desarrollo humano más bajos del país, es un factor importante para explicar el fenómeno. Igual pasa en el resto del país. En Medellín hay cerca de 42.000 familias desconectadas de los servicios públicos por falta de pago.
Las empresas públicas de servicios públicos costeñas prácticamente desaparecieron y fueron reemplazadas por empresas privadas. Esas empresas desaparecieron porque fueron tomadas por la corrupción y el mal manejo de la clase política y empresarial regional. Las empresas públicas no tienen como objetivo el lucro, pero tampoco perder, y esto es lo que garantiza que el servicio pueda ser prestado indefinidamente, a precios rentables.
Por otro lado, los antioqueños a pesar de su acendrado individualismo y apego a la propiedad privada -que llevó al gran cronista Luis Tejada (1898-1924) a situar en esta característica paisa la imposibilidad del socialismo en estas tierras (El socialismo en Antioquia 1922)- tienen a EPM, la empresa pública municipal, de servicios públicos, más importante del país y de Latinoamérica, eficiente y dinámica. ¿Por qué? Porque la clase dirigente, y en general la población, ha sometido al escrutinio público el manejo de la empresa por la clase política, y le ha puesto limitaciones, al mismo tiempo que paga sus servicios públicos.
Precisamente, si se comparan las pérdidas de energía de EPM y Electricaribe, en este último caso la situación es crítica. Las pérdidas de energía en Electricaribe son entre 21-22%, entre fallas técnicas y energía sustraída, mientras en EPM la cifra es de 8%, con 2% por piratería (Por ley, EPM no puede asumir a Electricaribe”: gerente general de EPM, elheraldo.co, octubre 22-2016).
En el caso de EPM, también ha habido desviaciones y “errores” gravísimos, pero que todavía no han incidido contra la viabilidad de la empresa de manera definitiva, como si lo podrían hacer sus costosísimas aventuras internacionales, que son el producto de las ambiciones tecnocráticas para crear una multilatina, con puestos bien pagos y en dólares, que sirven para entrenar a la clase empresarial-familiar regional en el mundo globalizado.
Electricaribe sólo podrá ser rescatada por EPM, si el Gobierno Nacional asegura que cubrirá las pérdidas de energía por conexiones fraudulentas y falta de pago, con los impuestos de todos los colombianos, por supuesto, mientras se vaya desarrollando un programa que impida el robo de energía y se mejore la “cultura” de pago, bajo la condición de que EPM sea capaz de permanecer autónoma frente a las fuerzas políticas regionales costeñas. Difícil.