De la (in)justicia a la asonada

Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
25 febrero de 2018 - 12:09 AM

Es esencial para el país que esta sindicación se aclare, porque el mayor valor de la democracia es la justicia, y dentro de ella, la investigación imparcial y el debido proceso

Esta ha sido una semana obscura para Colombia. El país sabe que cada vez que se aproximan elecciones en las que el Centro Democrático puede ganar, aparecen maniobras para descalificar a los candidatos y líderes.

Primero fue la historia del hacker, con la que enturbiaron la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, quien resultó inocente de semejante sindicación, pero pagó el altísimo precio de hundir su candidatura.

Ahora es contra el senador Álvaro Uribe. Es verdad sabida que durante muchos años ha sido objeto de todo tipo de acusaciones. Pero ahora, por arte de magia pasó de acusador del senador Iván Cepeda a acusado, por disposición de un magistrado de la Corte Suprema, quien absuelve y alaba a este último, con una falta de imparcialidad que asombra, al declarar que la visita de este a las cárceles en busca de testigos a los que ofrecería beneficios a cambio de declarar contra el expresidente estaba en sus funciones como senador, algo que carece de todo sustento jurídico, según dicen destacados juristas, que han preguntado públicamente cuál es la norma constitucional que justifica semejante conducta.

Asombra también que la Corte filtre a la prensa lo que presenta como pruebas. Filtrar material reservado es ilegal, y que esta, entre todas las instituciones públicas, lo haga, es todavía más reprochable. Y peor aún, en este caso, se trata de interceptaciones de las cuales se muestra una en la que el expresidente no está confesando delito alguno o instigando a otro a que lo cometa. Por si fuera poco, se trata de una verdadera contradicción en los términos porque cómo un hombre inteligente como Uribe, sabiendo que está siendo interceptado o que el destinatario de la llamada lo está siendo, utiliza ese canal de comunicación ¡¡¡para autoincriminarse!!! Lo que ocurre es que en la conversación no hay delito alguno ni confesión de que él haya cometido uno.

Y, como dice el abogado defensor de Uribe, doctor Granados: “en este caso hubo una manifiesta violación del debido proceso, en virtud de que se mantuvo un cuaderno reservado de interceptaciones y pruebas sin que nadie, ni siquiera nosotros, pudiéramos tener acceso. El deber de la Corte era proceder a hacerlo conocer de las partes, para que ellas pudieran pronunciarse sobre esas interceptaciones”, pero eso no sólo no ocurrió, a pesar de que Uribe era parte contra Cepeda.

Y todavía más sorprendente: dice la Corte en boca del magistrado encargado del caso, que las grabaciones clave, en más de mil horas de grabación, que incriminaban a Uribe, fueron borradas, y por supuesto, se insinúa -porque no presenta prueba alguna- que alguien le hizo el favor al expresidente. Dicen los que saben, que el sitio donde se encuentra la sala de interceptaciones es uno de los más vigilados del país y que posee todo tipo de medidas de seguridad y de control estricto de los funcionarios, por lo que es imposible que alguien cometa una acción de esas sin que deje huellas digitales y otras pistas que lo harían fácilmente identificables. En realidad, la existencia de esas llamadas hasta podría ponerse en duda, y sería bueno para la justicia colombiana que ese tema se investigara hasta el fondo para llegar a la verdad.

De hecho, es esencial para el país que esta sindicación se aclare, porque el mayor valor de la democracia es la justicia, y dentro de ella, la investigación imparcial y el debido proceso. Nadie está por encima de la justicia, e igual que cualquier colombiano, y, por lo tanto, no Uribe. Pero debe haber garantías de una investigación justa apegada a la verdad y a las garantías procesales. Porque los miembros de la CSJ, tampoco está por encima de ella.

Y lo que el país percibe, o al menos, muchos de los colombianos, es que eso no está ocurriendo. La CSJ debería proceder de tal manera que a nadie le quede la menor duda de que actúa en justicia y no en política, y de que sus acciones no quieren interferir el curso de las elecciones cruciales que se avecinan.

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Esto es cierto siempre, pero más ahora, que la situación política y social se agudiza a medida que se acercan las elecciones y ocurren cosas tan curiosas como los permanentes desmanes que persistentemente ocurren en Transmilenio de Bogotá, y la seguidilla de saqueos con visos de asonada que durante los últimos días se están produciendo en lugares del país -sur de Bogotá, Girardot; así como Melgar y otras poblaciones del Tolima, como el Guamo; y en Armenia y Calarcá, en el Quindío- donde hay tiendas Supercundi y Mercandrea y Mercafusa, cuyos dueños han sido acusados de ser testaferros de las Farc.

No deja de llamar la atención el hecho de que los propietarios, cuando se anunció la intervención oficial a esos establecimientos, ofrecieran rebajas hasta del 90%, según informó el diario El Tiempo. El activista de derechos humanos y periodista Herbin Hoyos, por su parte, afirmó en uno de varios tuits al respecto, con fecha del 20 de febrero a las 13:45: “Los bienes incautados a los Mora Urrea y los Chaux González testaferros de Romaña @FARC_EPuebIo suman 650 mil millones de pesos. Son 60 locales comerciales y los supermercados: Supercundi, Merkandrea y Mercafusa donde la @FiscaliaCol encontró armas municiones y granadas”. En otro, asevera que las Farc ordenaron el saqueo para evitar que les decomisaran esa mercancía.

Ahora bien, es muy diciente la coordinación en el tiempo y el tipo de acciones de los saqueadores, muchos de ellos encapuchados. Allí no hubo una acción espontánea de los habitantes de los barrios de esos lugares. Se trató de una acción, a todas luces planificada, que además extendió el saqueo a pequeños comerciantes. Los saqueos y los ataques a Transmilenio parecen tener el mismo patrón.

¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Un interés por crear una situación de orden público de manera que se aborten las elecciones indefinidamente? Hay quienes piensan eso, aunque otros defienden que no hay una situación desbordada como para que ese objetivo se cumpla. Pero los que sostienen la hipótesis, argumentan que se trata de un ensayo que prepararía las condiciones para causar un caos generalizado que justifique el aplazamiento indefinido si las elecciones de marzo no le son propicias al gobierno y sus aliados de la extrema izquierda y encuentran que pueden ser derrotados en las presidenciales.

Hasta el momento no son más que especulaciones, estados de cosas posibles, que reflejan, no obstante, el grado de preocupación de la oposición democrática. Espero, como el que más, que una situación como esta, no se produzca, porque se estaría jugando con candela. El país no puede olvidar la violencia de los años cincuenta.

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