Curules para las víctimas: la tutela si es el camino.

Autor: Carlos Alberto Atehortúa Ríos
22 diciembre de 2017 - 12:08 AM

En la actualidad se encuentra superada la tesis de que, en un estado social de derecho, existen actuaciones de las autoridades que no están sujetas a ninguna modalidad de control

A diferencia de la acción de inexequibilidad de las Leyes y de los Actos legislativos, que solo proceden cuando este tipo de normas han sido expedidas, la acción de tutela, es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales que no solo procede contra actos, sino también frente a omisionesen que pueda incurrir cualquier autoridad, en los términos del artículo 86 de la Constitución: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”

Obviamente dentro de los términos“cualquier autoridad”, queda incluido el Congreso de la República, aún en los eventos en que actúa como constituyente delegatario para reformar la constitución,  por eso no debería ser extraño que las personas puedan acudir a la acción de tutela,  en procura de protección judicialcuando estimen que el Congreso ha adoptado medidas o tomado decisiones que afecten  derechos fundamentales.

Lea también:http://www.elmundo.com/noticia/La-interpretacion-del-terminomayoria-absoluta-/364031

La decisión de la presidencia del Senado de no continuar con el trámite del proyecto de Acto Legislativo por el cual se crean unas circunscripciones electorales para las víctimas corresponde a la actuación de una autoridad, que como todas no puede ser arbitraria y puede ser objeto de control judicial, y en el caso de que en esa actuación se vulneren derechos fundamentales de personas procede la acción de tutela en los términos del artículo 86 de la Constitución.

Es evidente que si se adopta la vía judicial adecuada, esto es la presentación de una demanda de tutela, por personas legitimadas para hacerlo, por considerar que con la actuación de la presidencia del congreso le ha afectado derechos fundamentales, la jurisdicción debe dar trámite al proceso correspondiente y si el juez estima que efectivamente por acción u omisión de las autoridades se viola un derecho constitucional fundamental debe proceder a adoptar las medidas que sean necesarias para su protección.

Aunque para algunos en estos casos no existe la posibilidad de acudir al juez constitucional, pues no existe un acto que se pueda demandar, esa aseveración no es correcta pues la vía del control de constitucionalidad de las leyes y los actos legislativos no es la única jurídicamente existente para provocar decisiones del juez constitucional, ya que existe el mecanismo de la acción de tutela, que permite que ante la existencia de violaciones a derechos constitucionales ese juez pueda pronunciarse, claro está, siempre y cuando se interponga la acción por personas legitimadas y se reúnan los requisitos formales y materiales de la demanda.

En la actualidad se encuentra superada la tesis de que, en un estado social de derecho, existen actuaciones de las autoridades que no están sujetas a ninguna modalidad de control, pues es claro que la supremacía de las normas, principios y valores constitucionales prevalecen en todos los casos y frente a todo tipo de autoridades, sin excepcionar la medida que se adopte, las omisiones de las autoridades o las vías de hecho en que se incurra.

Además: http://www.elmundo.com/noticia/Identidad-en-las-funciones-de-los-organismos-de-control/359504

Temas como la tutela contra sentencias y contra decisiones adoptadas por organismos de control, son clara muestra de que todos los actos de las autoridades pueden ser controlados por la vía judicial de protección del orden Constitucional, pues al fin y al cabo en un Estado Social de Derecho, todo poder puede ser reducido a una competencia jurídica.

Como tanto los conceptos, como las decisiones que se adopten en la jurisdicción administrativa muy seguramente serán impugnados y cuestionados, por quienes sostienen que las curules para las victimas no obtuvieron las mayoría necesarias en el Congreso, lo mejor es avanzar en la vía de que sea la Corte Constitucional a través de una sentencia de tutela, quien en últimas se pronuncie sobre este tema que sin lugar a dudas tiene relevancia constitucional y es de interés para todos los colombianos.

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