Indudablemente la crisis del sistema de controles institucionales que se ejercen en nuestra sociedad es notoria, el reproche social ha pasado a un segundo plano, la eficacia de los resultados y la forma como se ha ejercido el control en organismos como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, generan dudas al punto de que se justifica plenamente una convocatoria nacional para reexaminar el futuro de su funcionamiento.

Una de las primeras propuestas que se han puesto sobre la mesa es la financiación estatal de las campañas políticas y por lo tanto la eliminación de su financiación como factor decisivo en las elecciones de los gobernantes; esa sería una excelente medida, que debe complementarse con otras que le hagan perder poder al respaldo económico que se pueda brindar a los candidatos.

Se requiere revisar las bases de la ética de lo público y de lo privado, y la construcción colectiva de nuevos valores que den respuesta adecuada a las nuevas realidades sociales, la transformación que se requiere es sustancial y no se reduce a un nuevo reparto de funciones, en la que se limiten las competencias territoriales, por el contrario se debe construir un nuevo Estado, donde las personas y las comunidades locales sean lo esencial y en la que los principios y valores constitucionales se construyan desde cada ser humano.

Los avances de las diferentes formas de participación de agentes privados en asuntos públicos, permiten terminar en forma definitiva con el paradigma de que la corrupción es un asunto de políticos y un patrimonio del sector público, pues cada vez queda más claro que la corrupción es un asunto de todos y que dos factores contribuyen a la misma, la ausencia de una ética pública y la falta de controles idóneos y suficientemente intimidatorios para que los seres humanos no incurramos en conductas tan reprochables.

La flexibilización de los valores individuales y colectivos en la sociedad contemporánea, nos han generado una enorme crisis social, la que se materializa en hechos como los que hemos venido registrando en los últimos años, en los que “todo es igual, nada en mejor”, hemos aceptado convivir en medio de conductas reprochables, en las que los fines justifican los medios y en las que se actúa como si todo pudiera aceptarse.

Cuando se hacen públicos hechos de corrupción que involucran todos los sectores de la sociedad, de los que no se escapa ninguno, pues en los mismos se ven involucradas personas con todo tipo de creencias, formaciones académicas y

sectores económicos o sociales, vemos la magnitud del problema que estamos afrontando, la corrupción, como el cáncer y la muerte, actúan como si no escogieran y se manifiestan aún donde no se les está esperando.

Solo dos instrumentos son eficaces en la lucha contra la corrupción, de un lado, la formación de seres humanos para la ética pública, esto es formados en la convicción de que hacer lo correcto es bueno en sí mismo y que existen principios y valores colectivos que todos tenemos el deber de procurar y proteger, el otro es la adopción de una verdadera política anticorrupción soportada en (i) la publicidad, (ii) la participación y (iii) la aplicación de tecnologías de la información.

En la situación actual debe llamar la atención del funcionamiento de nuestro sistema de controles administrativos, y una de las primeras tareas debe ser, su transformación sustancial para que esos controles se pongan al servicio de la ética pública y de la sociedad, y dejen de ser un mecanismo al servicio de la actividad política, esa debería ser una de las primeras decisiones que deben tomarse.

Lo que debe ser claro, es que nuestras instituciones deben tecnificarse y democratizarse y ello no es posible, si en lugar de fortalecer la democracia de participación, la publicidad y la descentralización, por el contrario, se reducen los controles locales, se centraliza el poder y se les niega a las personas el derecho de participar en la adopción de las decisiones que pueden llegar a afectarlas.