Durante años recientes ha habido una tendencia decreciente en la violencia antisindical en Colombia. Al mismo tiempo se ha presentado un aumento en los casos contra los dirigentes.
A las 11:00 de la noche del 23 de febrero, Óver Enrique Fuentes y su familia se encontraban durmiendo en su casa en Apartadó. De repente, escucharon disparos retumbar en sus oídos. Nadie quedó herido, sólo una ventana rota, la pared dañada y la puerta inservible, así como un volante en el que le exigían abandonar la región. La causa: ser líder activo del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria (Sinatra), que afilia a 2.000 trabajadores de fincas bananeras de Urabá. Los atacantes: desconocidos.
Esta es una de las nueve denuncias de violencia antisindical en Antioquia entre el 1 de enero y el 25 de noviembre del 2016. De los nueve casos, ocho son amenazas y un caso de hostigamiento. Todos fueron contra dirigentes sindicales de Anthoc, CGT, Sintrainmin y Sinatra, según el registro del Sistema de Información de Derechos Humanos (Sinderh).
Antioquia es el séptimo departamento de Colombia donde se cometen más violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas, según el Sinderh, con nueve casos, el primer puesto lo ocupa Valle del Cauca con 50 y le sigue Santander con 20.
“Entre las violaciones a los derechos humanos contra los sindicalistas en Antioquia se encuentra que el sector de la salud ha sido uno de los más vulnerados, así lo deja ver lo sucedido con la presidente de Anthoc subdirectiva Carepa, quien recibió una amenaza por parte del administrador del centro de salud donde labora”, indicó el componente del Informe sobre la situación de derechos humanos en Antioquia que aborda esta problemática.
En el ámbito nacional, en este periodo se presentaron 182 casos, de los cuales catorce fueron homicidios. “Siguen prevaleciendo las amenazas y los hostigamientos que representan el 80% del total de la violencia, lo cual indica que generar un ambiente de temor y de incertidumbre en los sindicatos se sigue imponiendo como una estrategia de la violencia antisindical”, puntualizó el Informe.
“Además de esos catorce homicidios, pueden haber más, consideramos que hay un subregistro porque hay organizaciones sindicales que no divulgan los homicidios y los manejan de manera interna”, señaló Sandra Muñoz, directora del área de Defensa de Derechos de la Escuela Nacional Sindical (ENS).
Alrededor de una cuarta parte de la violencia se ha concentrado en el sector de la educación, también sobresale la victimización sindical en los sectores de minas y canteras con el 17,1%; la industria manufacturera con el 14,1%; la agricultura, caza y pesca y la salud con el 13,5%. De las catorce víctimas de homicidio, ocho fueron sindicalistas de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).
En cuanto a los presuntos responsables de la violencia antisindical durante 2016, en más de la mitad de los casos se desconoce alguna información al respecto. De los restantes indican como principales victimarios a los paramilitares con el 87,6% y en segundo lugar se ubican los organismos estatales con el 8,2%. El empleador y la delincuencia común presentan una participación en menor proporción.
Situación de los últimos años
Voces que no callan, informe de la ENS que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en el período 2010 y 2015 en Colombia, señaló que es “un hecho preocupante, que sobresale en la dinámica actual de la violencia antisindical: de cada diez casos de violación a la vida, la libertad y la integridad contra trabajadores, seis fueron contra dirigentes sindicales. En el 2010 la proporción era apenas de tres casos de diez”.
“Del 2010 para acá hay tres cambios importantes, la disminución del número de homicidios a sindicalistas y aumento de amenazas, la focalización en líderes sindicales y el aumento de la criminalización del sindicalismo, las empresas llevan a los trabajadores sindicalizados a procesos judiciales por injuria y los empleados para evitar esta situación terminan renunciando a los sindicatos”, señaló Muñoz.
“Estos cambios se dieron desde el 2010 por diversas razones, primero fue el cambio del ejecutivo en 2010, de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos; luego en 2011 el Plan de Acción Laboral, donde el Estado se comprometió con Estados Unidos a proteger a los sindicalistas”, explicó Muñoz.
Voces que no callan agregó que “la impunidad de los crímenes contra el sindicalismo sigue invariable, hay muy poca mejoría. En los cinco años considerados tuvo un ligerísimo avance: pasó del 98% al 95%”.
Muñoz previó presión sobre los sindicalistas con el cambio de Gobierno en Estados Unidos, “desde ya, pese a que la impunidad es del 95%, hay desmonte de diversas medidas favorables”.
Según el Sinderh, desde el 1 de enero de 1977 hasta el 25 de noviembre de 2016, se han cometido, al menos, 14.240 violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas: 3.106 homicidios, 377 atentados contra la vida, 236 desapariciones forzadas, 6.912 amenazas de muerte y 1.895 desplazamientos forzados.
“Ha cambiado la lógica, hace 20 años si amenazaban a un sindicalista este seguía hasta que lo mataban. Durante este tiempo los sindicalizados han visto que las amenazas se cumplen y que sí asesinan a una persona por estar agremiada. Por eso una amenaza basta en la mayoría de los casos para que dejen el sindicato”, concluyó Muñoz.
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