Durante 3 meses Cerrejón frenará actividades mientras Corte Constitucional revisa una tutela que señala impactos ambientales.
Corte Constitucional ordenó a la compañía del Cerrejón detener labores en 4 municipios de la Guajira durante 3 meses mientras el Alto Tribunal revisa una tutela que fue instaurada por parte de comunidades indígenas de esa región.
La tutela que presentaron los nativos advertía los impactos ambientales que tendría el desvío del Arroyo Bruno sobre los municipios de Hato Nuevo, Barrancas, Maicao y Albania
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Las comunidades señalan que hasta que se desarrolle la consulta previa no se deberían reiniciar los trabajos por parte de la multinacional en los mencionados lugares. A través de la tutela en cuestión los nativos defienden los derechos al medio ambiente y a la sana alimentación que se verían vulnerados con el presunto desvío del afluente.
Por su parte, en un comunicado oficial el Cerrejón informa que “respeta” la decisión de la Corte y a partir de la fecha no realizará “ninguna intervención” en el área minera hacia el cauce natural.
“La empresa reitera su compromiso de llevar a cabo el proyecto del avance minero respetando los derechos de las comunidades y preservando el medio ambiente”, agregó el comunicado.
Según la orden de la Corte Constitucional, esta medida provisional no comprenderá las obras de mantenimiento, estabilización y preservación del nuevo cauce, “cuyo adecuado funcionamiento será responsabilidad de la empresa Carbones del Cerrejón Limited, de conformación con el plan de manejo ambiental respectivo”.