Pijao (Quindío) y Arbeláez (Cundinamarca) se sumaron el pasado fin de semana a la cohorte de municipios contrarios a la minería, hábito cultivado en los vacíos jurídicos abiertos por la Corte Constitucional que han sido aprovechados políticamente por gentes ajenas a la realidad socioeconómica de esas localidades.

Mientras el país debate la legitimidad de tales decisiones populares y el Gobierno decide ponerle fin en el Congreso al desbarajuste legal, las empresas que operan en Antioquia siguen mostrando las bondades de la minería bien hecha y de las políticas de formalización.

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Dos botones de muestra: La Gobernación de Antioquia protocolizó ayer 30 subcontratos de formalización minera, mecanismo idóneo para la erradicación de la extracción ilícita en tanto los mineros informales se vinculan a unidades productivas legalmente constituidas y reconocidas por el propietario del título minero, con cumplimiento de normas laborales y ambientales que garanticen protección a mineros y entorno. También ayer se entregó la circunvalar Remedios-Segovia, la cual se construyó a través de un convenio de cooperación con los municipios, en el que la compañía Gran Colombia Gold aportó $1.200 millones.

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Los palos en la rueda a una actividad extractiva enmarcada en la legalidad y sustentada en buenas prácticas harán que beneficios tangibles como estos también se extingan y que la ilegalidad recupere el terreno que con tanto esfuerzo se le arrebata.

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