La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un modelo de justicia transicional, independiente de la Rama Judicial, que conforme al Acuerdo de Paz firmado en La Habana se encargará de conocer, investigar y juzgar todos los delitos ocurridos durante los más de 50 años de conflicto en Colombia.
Jorge Enrique Vélez García, presidente de Cambio Radical.
La ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz (JEP) ofrecería dádivas a los excombatientes de las Farc que se acojan a ella. Así lo considera Jorge Enrique Vélez García, presidente del partido Cambio Radical, quien manifestó en el Congreso de la República que su bancada votará negativamente este proyecto.
Tras la elección de los 51 magistrados que conformarán los tribunales y salas de justicia de la JEP, el directivo considera que, con contadas excepciones, la mayoría de los recién nombrados magistrados, tienen una clara tendencia política que de entrada no genera ninguna clase de garantías para la sociedad civil por el claro prejuzgamiento que tienen sobre las acciones ocurridas en relación con el conflicto interno armado.
“El Tribunal Especial de Paz no puede convertirse en una herramienta para vincular a terceros que no han hecho parte de los grupos armados al margen de la ley", aseveró el presidente del partido.
Además, desde la bancada consideran que el proyecto de la JEP tiene quince "micos" que son absolutamente graves, como el tema del testaferrato.
El presidente también evidenció su desacuerdo por la declaración de Mirtha Patricia Linares, nueva presidente de la JEP y quien manifestó que “todos los colombianos somos responsables del conflicto armado y todos tenemos que responder por este proceso”.
“Es claro que los terceros civiles no tenían nada que ver en el proceso de JEP”, explicó Vélez García, haciendo referencia a las declaraciones de la magistrada.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, también se mostró en desacuerdo con el proyecto presentado ante el Congreso para regular el funcionamiento de la JEP, pues considera que “en la versión final se nos vinieron cositas que llamamos ‘micos’ que no estuvieron en el proyecto inicial ni en la ponencia, pero aparecieron entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Comisión Primera del Senado”.
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