Buscan reformar el Igac

Autor: José E. Mosquera
15 diciembre de 2016 - 12:00 AM

Antioquia y Chocó, llevan 16 años en la disputa por Belén de Bajirá. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha proferido dos informes técnicos, el primero en el 2003 y el segundo en el 2016, en ambos ratifica que dicho territorio pertenece al Chocó. Existe un tercer informe de una Comisión Accidental Demarcadora, creada por Senado de la República, en el 2007, también dice lo mismo. 

 

Antioquia y Chocó, llevan 16 años en la disputa por Belén de Bajirá. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha proferido dos informes técnicos, el primero en el 2003 y el segundo en el 2016, en ambos ratifica que dicho territorio pertenece al Chocó. Existe un tercer informe de una Comisión Accidental Demarcadora, creada por Senado de la República, en el 2007, también dice lo mismo.

El Igac ha demostrado técnicamente que no existen límites dudosos en dicho sector, entre los dos departamentos. Pese a los tres veredictos de la única institución idónea para determinar la cartográfica nacional por una serie de intereses estratégicos, económicos y políticos que hay sobre las tierras de la franja en disputa no han dejado ponerle fin a este litigio en el Senado de República.

Gran parte de los analistas que se han ocupado de este asunto lo han abordado de manera sesgada. Su finalidad no ha sido develar la verdadera historia detrás de los litigios de límites en la región, sino defender los intereses de unos empresarios en aquel territorio.

Por esos sesgos e intereses, se ocultan las razones políticas por las cuales desde el siglo XIX las autoridades antioqueñas, sustentan la tesis que los límites con el Chocó en la región del Darién son dudosos. Detrás de esa tesis se han estructurado una serie de intereses estratégicos, económicos, mercantiles, políticos y sobre los recursos naturales, que han generado un clima de permanentes conflictos fronterizos entre antioqueños y chocoanos en la región.

Por eso no me han extrañados los argumentos expuestos en un video por el diputado Braulio Henao Marquez, porque, además de los errores históricos, guardan identidad con los planteamientos hechos por varios líderes antioqueños desde finales del siglo XIX. Hace dos semanas leí un artículo Belén de Bajirá: ¿Por qué tanto interés del Chocó? del exmagistrado Guillermo Mejía, también cae en otra serie de impresiones históricas tan protuberantes que no ameritan ser examinadas. Sus argumentos están tan cargados de prejuicios y sustentados en mares de erratas, que confunde el pueblo de Bajirá que no está en disputa con la población de Belén de Bajirá.

Tanto el doctor Mejía, como el diputado Henao y otros líderes paisas, exponen argumentos similares a los que se esbozaron para que de 1905 a 1947, 13.927 km² del Darién chocoano fueron anexados a Antioquia. Con ese tipo de argumentos se ocultan las razones económicas, mercantiles, políticas y estratégicas de la segregación de la región del Urabá del Chocó y su anexión a Antioquia, en 1905, mediante un mico en la ley que creo en departamento de Caldas en aquel año.

No se trata de alimentar falsos regionalismos, ni en defensa del Chocó, ni en defensa de Antioquia, sino de hacer análisis históricos rigurosos sobre las razones de fondo de los intereses geoestratégicos que se han movido detrás de los conflictos de límites en el Darién.

Llevo décadas investigando y estudiando los conflictos del Darién, y ya es hora de llamar las cosas por su nombre, Antioquia ha tenido una política expansionista deliberada en el Darién, sustentadas en las recomendaciones del visitador Mon y Velarde en el siglo XVIII.

Este jueves en una sesión conjunta de las Comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara, el senador Carlos Enrique Soto Jaramillo, presentará su informe sobre el conflicto de límites, donde propone desconocer el informe del Igac.

Con su proposición busca deslegitimar las competencias del Igac como institución técnica en las resoluciones de los conflictos de límites y plantea crear una comisión política, fríamente calculada. Sus pretensiones son de presentar un proyecto de ley que reforme las competencias del Igac, se adopten las consultas populares y se creen unas comisiones políticas, designadas por el gobierno y el Congreso de la República para dirimir las disputas limítrofes regionales. Este tipo de propuestas no le hacen bien al país, porque crearán más semilleros de discordias regionales.

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