Batalla a la centralización del control fiscal territorial

Autor: Nacho
3 septiembre de 2018 - 05:52 PM

Congresistas antioqueños se comprometieron a no apoyar los proyectos de ley que buscan eliminar a las contralorías territoriales y centralizar esta misión.

Medellín

Ante el nuevo y fuerte embate y ante la amenaza del centralismo bogotano contra el control fiscal territorial, la Contraloría General de Antioquia decidió asumir la defensa de la labor que realizan los entes de control regional y municipal.

Con ese objetivo, el jefe de la vigilancia seccional en Antioquia, el abogado Rubén Darío Naranjo Henao invitó para abordar esta muy seria intención y amenaza del centralismo a la bancada de congresistas antioqueños y 14 de ellos, entre senadores y representantes a la Cámara, atendieron el llamado del control regional y durante varias horas ambas partes estuvieron analizando en forma crítica la problemática que podría poner en peligro la existencia de las 63 contralorías departamentales y municipales que aún subsisten en Colombia.

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Tanto el control fiscal antioqueño, representado por el contralor de Antioquia, como los legisladores se comprometieron a trabajar por la defensa del control fiscal territorial, además de señalar algunos reparos subsanables y las reformas, cambios o correctivos que se deben introducir para mejorar la misión de los órganos fiscales en los departamentos y ciudades capitales y algunas intermediarias.

Como se sabe, algunas reformas en el Congreso buscan que el centralismo bogotano acabe con instituciones como las contralorías territoriales, sin evaluar su eficiencia y también con argumentos falsos y otros no probados.

Existe un acto legislativo que persigue esa finalidad y también un proyecto de ley en contra de la permanencia de esas entidades en la provincia. Así mismo es un disco rayado, de vieja data y no de ahora las intenciones de la Contraloría General de la República de centralizar ese control en Bogotá.

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Pero el contralor departamental es muy firme en considerar que es un error pensar en acabar las contralorías departamentales y municipales: “La Contraloría General de la República no tiene el músculo presupuestal, ni la capacidad operativa para fiscalizar todas las entidades y los municipios del territorio colombiano. 

Dijo también que hacen mucho daño los argumentos ambiguos y malintencionados, como los mencionados por el excontralor General de la República, Edgardo Maya, quien considera que en Colombia se pierden anualmente 50 billones de pesos en corrupción, pero cuando se le pregunta de donde provienen dichas cifras, no sabe responder con claridad. 

Pero dijo que el excontralor Maya es aún más irresponsable cuando afirma que “cada una de las contralorías territoriales del país hace lo que le da la gana, con lo cual desconoce que se rigen por la Ley 42 de 1993, que les indica cuáles son sus funciones, que existe la guía de auditoría territorial, y la Ley 1437 de 2011, que dice como se debe hacer el proceso auditor en Colombia.  Partir de la falencia y la mentira para acabar las contralorías es un camino muy fácil para decir que los entes de control no sirven”, puntualizó el Contralor de Antioquia.

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Naranjo Henao confía que “con el nuevo contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien es un conocedor del sistema del control fiscal en Colombia, se puede consolidar una propuesta de modificación para fortalecer las contralorías territoriales y el proceso auditor en el país”,  concluyó el Contralor General de Antioquia, Rubén Darío Naranjo Henao.

Naranjo Henao se mostró satisfecho con los resultados de la reunión, pues transmitió a los congresistas la necesidad de apoyar las contralorías territoriales en las próximas reformas presentadas ante el Congreso de la República, y poder generar las condiciones para su fortalecimiento técnico y financiero.

También aprovechó para mostrarle y recalcarle a los congresistas antioqueños la forma responsable, eficiente y eficaz como los 321 servidores fiscales de la Contraloría de Antioquia vienen haciendo su labor y auditando a cada uno de los municipios, a las empresas de servicios públicos, a las empresas sociales del Estado, haciendo presencia y revisando los contratos, como también en las asociaciones de municipios, en las Juntas de Acción Comunal y en las instituciones educativas.

“Son casi 10.000 sujetos de control, 5.000 Juntas de Acción Comunal, 4.200 instituciones educativas y otros 456 sujetos de control en los que vemos como la Contraloría de Antioquia, a través de los diferentes informes que presenta ha hecho planes de mejoramiento a las administraciones municipales, a las empresas sociales del Estado y demás sujetos, todo lo cual ha contribuido a que los objetivos de los contratos se cumplan, a que las obras se realicen y a que haya un buen manejo y eficiencia con los recursos de las administraciones públicas”, detalló Naranjo Henao.

 

Los congresistas

Cada uno de los legisladores antioqueños expresó sus puntos de vista en torno a la campaña centralista contra el control fiscal territorial y sobre la calidad de la función que se cumple en las regiones.

El debutante parlamentario de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, dijo que a hay que revisar a cada una de las 63 contralorías en la provincia, cuáles han funcionado y cuáles no, pero fue muy claro en que no se puede permitir el centralismo en los organismo de control.

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También pidió examinar el mecanismo de elección de los contralores en las regiones y municipios y propuso que sea por medio de meritocracia, pero que no obedezca a la lógica de la politiquería, y menos que responde a los intereses de  alcaldes.

La experiencia que le dejó su paso por la alcaldía de La Estrella, llevó al congresista liberal Juan Diego Echevarría a comentar que le permitió conocer las conveniencias de las Contralorías General de la Repúblicas y las departamentales.

“Ellas hacen una labor muy importante de control y le contribuyen a los mandatarios a corregir los errores y las falencias que se pueden ir presenciando”.

Dijo que en vez de eliminar a las contralorías hay que fortalecerlas y corregirlas como la elección del contralor y en la recuperación de los dineros que se han perdido.

“Qué hay que despolitizarlas, sí, y tampoco  permitir las extorsiones de los funcionarios, pero hay contralorías en donde prima lo técnico”.

Otro que está convencido que el control territorial y el de Antioquia se hacen bien y en los términos contemplados por la ley, es el congresista de Bello, John Jairo Roldán.

Dijo que seguirá apoyando desde el Congreso de la República, donde corroboró que se está contemplando la desaparición de las contralorías territoriales, pero reiteró que se tiene la buena experiencia de Antioquia, donde el control fiscal  si funciona.

“Se puede pensar en un término gradual, en el que se clasifiquen a los departamentos y los municipios, pero que el control territorial no desaparezca”, dijo este político.

Agregó que al nuevo contralor general de la República, que eligieron y se posesionó este lunes, lo acompañaron para que defina términos muy claros y no se acaben las contralorías territoriales.

“No se entendería que nosotros nos hagamos elegir para trabajar por la provincia  el Congreso y salgamos a fortalecer el centralismo desde la Contraloría General de la República.

En concepto del congresista uribista César Eugenio Martínez es un peligro acabar con las instituciones, un país que su sistema de inversiones no pueda ser vigilado, no operaría.

Propuso que lo primero que se debe hacer es empoderar a la ciudadanía en el control y que esa vigilancia tenga efectos concretos en las decisiones de los organismos de control.

“La gran amenaza no es la descentralización, sino la desconfianza que tienen los órganos de vigilancia entre la ciudadanía”, al tiempo que propuso un tribunal de cuentas.

Remató que las instituciones no son las que causan el delito, sino que los que delinquen son los seres humanos.

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