Un pueblo tiene derecho a realizar una consulta sobre asuntos de su interés y, si las normas no lo permiten, entonces esas normas antidemocráticas deben cambiarse
De extrema gravedad los recientes acontecimientos en España ante los intentos independentistas de importantes sectores de Cataluña. Pero debe dejarse claro que los responsables centrales de lo ocurrido son el Partido Popular (PP) y el presidente de España, Mariano Rajoy, miembro de dicho partido.
Cataluña es una de las autonomías de España, regida por un estatuto vigente desde 1980. En 2005, el parlamento catalán aprobó un nuevo estatuto de carácter confederal, resultado de un movimiento liderado por el socialista Pascual Maragall. Con algunas modificaciones, fue aprobado el año siguiente por el congreso de España. Pero aquí viene el primer intento de sustituir lo político por lo legal: frente a un recurso impuesto por el PP, El Tribunal Constitucional anuló algunos artículos del nuevo estatuto y, muy en especial, señaló que la definición de Cataluña como nación no tenía valor jurídico.
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Vino la fuerte y natural reacción, acompañada de demandas de diálogo a Madrid por parte de Barcelona con el fin de obtener mayor descentralización. Rajoy siempre contestó que no había nada que discutir. Viendo agravarse la situación, el expresidente Felipe González propuso un cambio de la Constitución española para introducir un régimen federal, algo inaceptable para el Gobierno español. Se sabe que muchos catalanes, que eran amigos de un régimen federal, ante este rechazo se volvieron independentistas.
El descontento llevó a la realización de un referendo en 2014, en el cual votaron unos 2,3 millones de catalanes, entre los cuales una amplia mayoría, 1,86 millones, votó a favor de crear un estado independiente de España. Pero como el censo electoral superaba lo 5 millones de potenciales votantes, solo una clara minoría optó por dicha respuesta afirmativa. Es el momento para señalar que hasta hoy los independentistas no han alcanzado, ni en referendos ni en encuestas recientes, el 50 % a su favor, lo cual resta legitimidad a un proceso tan trascendental como la secesión.
Una encuesta realizada en octubre del presente año por el Centro de Estudios de Opinión del Gobierno Catalán mostró que 48,7 % de catalanes quiere la independencia y un 43,6 % la rechaza. La misma refleja un crecimiento de los partidarios de la independencia pues en el pasado mes de junio una encuesta similar arrojó, respectivamente, los porcentajes 41,1 y 49,4.
La situación llegó a su clímax con motivo del referendo sobre la independencia efectuado el pasado 1º de octubre en Cataluña. Lo primero que debe decirse es que un pueblo tiene derecho a realizar una consulta sobre asuntos de su interés y, si las normas no lo permiten, entonces esas normas antidemocráticas deben cambiarse. Y la solución no es recurrir otra vez a lo legal y, peor aún, tratar de impedir el referendo mediante una represión violenta que dejó muchas víctimas en Barcelona. Y el rey Felipe VI, que se supone representa a todos los españoles, pronuncia un discurso para dar pleno respaldo al Gobierno español, sin referirse a la dicha represión, ni a las víctimas, ni a los reclamos del pueblo catalán.
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A pesar de los esfuerzos del Gobierno central por impedirlo, el referendo se llevó a cabo en condiciones anormales y sus resultados no dejaron nada concluyente. Votó por la independencia un 90 % de un total de votantes igual al 42 % del censo electoral, lo cual indica que un 38 % del potencial total de votantes votó por el Sí.
Conviene también referirse a la dirigencia del movimiento independentista, como por ejemplo a los dos últimos presidentes de Cataluña, Artur Mas y Carles Puigdemont, herederos del partido Convergencia y Unión que gobernó la región autonómica durante más de dos décadas. Esa agrupación aplicó primero que Madrid políticas neoliberales y fue denunciada por auspiciar una corrupción que parece inverosímil (3 % de toda obra pública para la causa). Se ha especulado que con el cambio de nombre de ese partido, así como con su apoyo decidido a la independencia, aquellos dirigentes intentan borrar ese pasado nefasto y eludir el debate histórico al respecto. Qué confianza se puede tener o qué seriedad se puede esperar de los mismos para manejar un asunto tan delicado como la separación de España. Por ejemplo, las cualidades de líder del señor Puigdemont fueron puestas de presente cuando salió corriendo para Bélgica mientras sus compañeros de gobierno daban la cara en Barcelona, muchos de ellos castigados con la cárcel (auténticos presos políticos).
Esos dirigentes tampoco hablaron con franqueza sobre las consecuencias de una independencia de España. Al contrario, Artur Mas reiteró en septiembre de 2015 que una Cataluña independiente sería recibida en la Unión Europea, y en agosto de 2016 aseveró que la mayoría de los estados europeos consideraba que Cataluña tenía derecho a celebrar un referendo independentista. Ninguna de las dos afirmaciones resultó cierta.
Finalmente, se recuerda que el Tribunal Constitucional de España conceptuó que legalmente no puede hablarse de nación catalana. Se trata de una ignorancia inmensa porque Cataluña es efectivamente una nación. Cuenta de tiempo atrás con su propia cultura, una lengua que tiene documentos que datan del siglo XI y destacados nombres en los campos de la literatura, la poesía, las artes y la arquitectura. Bastaría nombrar a poetas como Joan Maragall y Salvador Espriu, científicos como Miguel Servet (descubridor de la circulación pulmonar y miserablemente asesinado en Ginebra por el intolerante Calvino), Antoni Gaudí (un revolucionario de la arquitectura), los intérpretes musicales Pau Casals y Monserrat Caballé, pintores como Joan Miró, Antoni Tàpies y Salvador Dalí, cantautores actuales como Raimon y Joan Manuel Serrat…
Sorprende que en el siglo XIII Barcelona tuviese un autogobierno municipal colegiado, el llamado Consejo de los Cien. Por aquellos años, era ya una próspera ciudad e importante puerto del Mediterráneo, al punto de haber creado el primer código marítimo del mundo, un antecedente del actual derecho del mar.
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