Mediante acuerdo del Gobierno Nacional y los alcaldes y gobernadores, Colombia tendrá dos precios del galón de gasolina al salir de refinería, ya que somos país productor. Uno será el real que se fija sobre el valor del petróleo y otros costos de producción: este viene a la baja. El otro será el artificial que certifique el Gobierno a fin de usarlo como base para liquidar la sobretasa a la gasolina que reciben departamentos y municipios. El primero es coherente con los valores del libre mercado que deberían regir para el combustible. El segundo, por el contrario, profundiza las intervenciones anti-técnicas y anti-liberales que han guiado las decisiones del Gobierno Nacional en esta materia.

Con el acuerdo, pierden las entidades territoriales y los consumidores.

Al suscribirlo, las entidades centrales dejan en manos de los consumidores la responsabilidad de cofinanciar el desarrollo de los entes territoriales y consiguen dejar en las arcas nacionales los recursos que necesitan para el posconflicto y otros requerimientos de la Presidencia.

Con él, además, las instituciones del Estado le imponen a los consumidores un pago de facto, casi tan directo como un peaje, de las obras públicas, y lo cargan con el mayor valor de la gasolina y sus indiscutibles efectos inflacionarios.