Los errores de una trinca obcecada en poner al partido Liberal al servicio del santismo están conduciendo a la colectividad por el despeñadero de la división y su derrota en las trascendentales elecciones de 2018. El abismo posible en esa ruta es la reducción del liberalismo al papel de simple segundón en el escenario político en el que fue líder y protagonista.

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Para agravar la situación, el costo de la espuria convocatoria será de $40.000 millones, totalmente desproporcionado por la baja y poco confiable participación, y que será el más notorio resultado de las manipulaciones de los expresidentes Gaviria y Samper, el senador Serpa y sus dos deslucidos precandidatos. A lo largo de los meses, ese grupúsculo ha tejido la exclusión de personeros que enarbolan las banderas liberales con dignidad y legitimidad. Lo hicieron al acallar el reclamo del senador Galán porque la consulta se hiciera junto con las elecciones de Congreso. Y lo ratificaron como censores de la libre expresión al imponer el antiliberal manifiesto, rechazado por Sofía Gaviria y Viviane Morales, con el que se exige apoyo irrestricto al cuestionable acuerdo con las Farc e hipoteca la conciencia frente a futuros acuerdos que suscriba este gobierno. La agresiva exclusión de esos matices tiene su punto final en la publicación de una tarjeta electoral que no permite el voto en blanco. La decisión, acolitada por la Registraduría, nos exige a los liberales independientes abstenernos de participar en la consulta que el santismo ha convocado dentro del partido Liberal.

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Con sus manipulaciones, ajenas al espíritu que inspiró la adopción estatutaria del mecanismo de consulta popular para elegir candidatos del liberalismo, los actuales jefes han cerrado el panorama a dos precandidatos, actores destacados del gobierno que termina y personeros de las casas que se tomaron el partido. A pesar de que gozan de apoyo burocrático, mediático y oficial, esos aspirantes no han logrado despertar entusiasmo entre las bases del liberalismo. Para esos ciudadanos, Humberto de la Calle representa un acuerdo que no ha ofrecido paz, justicia e institucionalización del país y simboliza la agresiva presión del Gobierno buscando el sí ciudadano en el plebiscito. Juan Fernando Cristo, por su parte, representa a un gobierno que ha polarizado el país y que fracasó en el cumplimiento de sus obligaciones y promesas. Más que a las bases liberales, estos candidatos pueden atraer a votantes de otros partidos interesados en inflar candidaturas incipientes haciéndose a la votación liberal, en la que se anuncia desastrosa maniobra contra el espíritu de democratización interna que inspiraba el modelo de consulta popular.

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La consulta se puede llevar a cabo por la cómplice indolencia de la justicia y el Consejo Nacional Electoral. Irrespetuosos de su mandato, jueces y consejeros fueron inferiores a sus obligaciones de garantizar los derechos políticos de la precandidata Sofía Gaviria, que se negó a firmar el autoritario manifiesto liberal -modificado convenientemente para las candidaturas al Congreso-, así como los de sus electores. La conculcación de los derechos a elegir y ser elegido, la objeción de conciencia y la libre expresión, suelen ser los primeros pasos de regímenes autoritarios en busca de afianzarse. La consulta liberal elegirá candidato gracias a la inexplicable, ¿e ilegal?, decisión de la Registraduría de no incluir la opción de voto en blanco, una actuación que repite la odiosa, y costosa en abstención, decisión del plebiscito del 2 de octubre de 2016.

El resultado de las manipulaciones del Gobierno Nacional y la trinca Samper-Gaviria-Serpa va a ser una participación lánguida que entregará el nombre de un precandidato al que la trinca va a usar como carta de negociación para participar en una coalición santista que intentará escoger un sucesor del actual gobierno. Esa alternativa, contraria a las esperanzas de las bases fieles a la tradición liberal y anhelantes de recuperar el partido, es una derrota.

Al resultar perdedor de la jornada de este domingo, el partido Liberal, que no los artífices del desastre, recibirá las críticas por el derroche de recursos públicos por más de $40.000 millones. Y la falta de legitimidad de quien tenga la mayor cantidad de votos lo reducirá a simple consueta de las coaliciones que el santismo intenta armar para las elecciones de 2018. Difícil, pues, un peor escenario para un partido que otrora fue glorioso personero de los derechos humanos, la democracia, la libertad y la equidad.