La ineficiencia administrativa del Gobierno en materia de finanzas públicas, es la causa a la que la Universidad de La Sabana atribuye la necesidad de la Reforma Tributaria en la política fiscal colombiana. Un régimen tributario que traería efectos como la disminución de hasta un 30% del poder adquisitivo de los trabajadores colombianos, y el aumento de la inflación en casi un punto porcentual.  
Según Ana María Olaya, autora del informe y directora del programa de Economía y Finanzas de esa institución educativa, si bien es cierto que las finanzas estatales requerían una solución urgente, no se podría justificar la implementación de una reforma que únicamente atendía a la caída internacional de los precios del crudo. 
“Esta justificación es descarada, esto demuestra la falta de planeación y de visión estratégica de un Gobierno que no fue capaz de anticiparse a la realidad económica internacional y que puso a depender la economía del país de las ventas externas de un tipo de producto”, señaló la investigadora, al sostener que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, erró al no realizar una planificación acertada, previendo una caída de precios internacionales. “¿Dónde están esos recursos que el Gobierno obtuvo en la época de las vacas gordas?”, polemiza Olaya.
En el documento también se hace referencia a la situación de atraso en materia de infraestructura que, según el Foro Económico Mundial, ha puesto en el país en lugar número 84 en materia constructiva a escala global, catorce en el ámbito continental y diez en América Latina. De igual forma, en el ítem de cobertura en salud y educación, aunque ha tenido un leve repunte, ambas siguen siendo muy precarias. Según la OIT la cobertura en salud del país ya alcanza el 90%, pero los servicios que se ofrecen no tienen la calidad necesaria. 
La perspectiva de Olaya fue consultada con Gabriel González, economista y profesor del ITM, quien considera que la Reforma Tributaria se hizo necesaria dado el nivel del gasto que la economía requiere, y unas necesidades financieras de Gobierno que resultan inflexibles a la baja. “Si miramos la pertinencia de la reforma desde el marco internacional, creo que sí se justifica, porque así las calificadoras de riesgo bajan su amenaza, pero a nivel interno sí estoy de acuerdo con la posición de Olaya, especialmente en la parte del gravamen de los productos de la canasta familiar”, acotó el docente, al detallar que este instrumento ha hecho del pequeño consumidor un gran contribuyente. “No es de extrañar que, según la Cepal, Colombia ocupe el cuarto puesto en el ámbito mundial en desigualdad, superado por Sudáfrica, Haití y Honduras”, concluyó González. 
Otros indicadores de desigualdad que señala el informe, y para los que atribuyen un deterioro aún mayor, son el trabajo informal, registrado por el Dane en el 47%; el estancamiento del aparato productivo (sector agrícola), que registró pérdidas como consecuencia del paro camionero de mitad de año superiores al billón de pesos, y la inseguridad, que sigue subiendo en las ciudades como Bogotá, en la que el 41% de los habitantes se siente inseguro, según la Cámara de Comercio.