El Gobierno Nacional ratificó que las disidencias que surjan de las Farc no podrán acceder a los tratamientos penales especiales previstos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del Acuerdo de paz y en particular en la Jurisdicción Especial para la Paz.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz sintetizó en un documento, los argumentos con los que el Acuerdo firmado el pasado 24 de noviembre del 2016 define que dichos beneficios no cubren a las disidencias. La razón de mayor peso está constituida por el requisito de dejar las armas.

“Claramente, quien no participe del proceso de dejación de armas en los términos establecidos en el acuerdo final, es decir, que hace entrega de sus armas a las Naciones Unidas, no podrá tener acceso a los tratamientos penales especiales previstos en el Sistema”, indicó el texto.

Además, detalló también el documento, la pertenencia a las Farc será acreditada mediante los listados de integrantes que la guerrilla entregará al Gobierno, una vez concluida su llegada a las zonas veredales.

“Las llamadas disidencias de las Farc no cumplen ninguna de estas condiciones y por tanto no pueden acceder a los tratamientos penales especiales que establece el Sistema”, concluyó la Oficina del Alto Comisionado.

Este tema recobró relevancia luego de que el Bloque Sur de las Farc entrara en combate el pasado 10 de enero con un grupo disidente, liderado por alias alexander mojoso, del que los mandos guerrilleros afirmaron, no comparte “la actual política de paz llevada a cabo entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc”.

Durante el enfrentamiento hubo un muerto del comando de mojoso, precisó la guerrilla, que aprovechó además para denunciar que este disidente se está dedicando a reunir campesinos en el Caquetá para desprestigiar el proceso de paz, y obligarlos, bajo amenaza, a que le brinden apoyo incondicional. 

Esta es la segunda disidencia reconocida, luego de que el pasado 13 de diciembre, el Estado Mayor de las Farc separara a cinco de sus mandos por apartarse de los lineamientos político militares trazados por esa organización.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha asegurado que “aunque las disidencias no son masivas, sí son peligrosas”.

Asimismo, el Gobierno ha insistido en que cualquier delito que cometan los miembros de las Farc después del 1 de diciembre de 2016, salvo los estrechamente ligados con el proceso de dejación de armas, “no podrán ser objeto de ningún tratamiento penal especial y les caerá todo el peso de la ley”, bajo la competencia de la justicia ordinaria.

Alerta en Caquetá
A propósito del enfrentamiento ocurrido en Caquetá, entre las Farc y uno de sus grupos disidentes, la Defensoría del Pueblo emitió ayer una alerta, pues considera que se encuentra en riesgo la integridad de la población civil.
“La Defensoría obtuvo información que alias mojoso, antiguo comandante del frente 14 de las Farc, amenazó a la población luego de declararse en disidencia del proceso de paz en diciembre de 2016”, señaló el organismo de control y añadió que “igualmente comprobó amenazas en intimidaciones hechas por un guerrillero de las Farc contra la comunidad que no brinde información y preste colaboración en la vereda Ciudad Yarí, del mismo municipio”.
Por ello, la entidad pidió al Gobierno “adoptar las medidas eficaces y oportunas de prevención y protección para mitigar o eliminar el riesgo de vulneración de los derechos humanos de los habitantes de la zona”.