Como lo anticipamos al inicio de esta semana, la Asamblea General de la OEA celebrada en Cancún (México) no logró el consenso necesario para aprobar ninguna resolución sobre el gobierno de Nicolás Maduro, la crisis humanitaria en Venezuela y ni siquiera sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, mientras las incesantes protestas de los últimos 85 días han seguido cobrando vidas, muchas jóvenes, cuyo sacrificio en busca de la libertad sigue sin conmover a la comunidad internacional.

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La muerte del joven enfermero David José Vallenilla Luis, a quien un agente de la Guardia Nacional Bolivariana le disparó a quemarropa el pasado jueves, mientras se realizaba una manifestación frente a la base militar de La Carlota, en Caracas, no solo es el más reciente hecho fatal de esta jornada de resistencia contra el régimen de Maduro sino que, al quedar registrado en video y fotografías, ha generado una creciente indignación por ser la mayor evidencia del modo como el Gobierno está aplastando a la oposición, a pesar del discurso oficial según el cual las armas de fuego están prohibidas para dispersar a los manifestantes. Ante la contundencia de los hechos, el régimen tuvo que reconocer que el joven murió por el disparo de un arma “no permitida” que le destrozó, según el dictamen forense, el corazón, un pulmón y el hígado.

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Pero estas graves violaciones a los derechos humanos, a las que se sumó el viernes la denuncia de Lilian Tintori mediante video difundido por ella misma en el que se escuchan los gritos de su esposo Leopoldo López siendo torturado y sin acceso a sus abogados hace 78 días, no parecen ser las que van a determinar la caída del régimen, sino la apremiante crisis económica que enfrenta el país y que adquiere ribetes catastróficos, ya no solamente por los escasos datos que se conocen -caída del 23% del PIB en 2016 e inflación del 830% en el mismo año, según el propio Banco Central de Venezuela- sino por la confirmación de que el país caribeño está tratando de importar 13 millones de barriles de combustible este año, mientras que sus refinerías operan a menos de la mitad de su capacidad.

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La compañía norteamericana de datos y noticias financieras Bloomberg obtuvo acceso a los documentos de licitación que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) expidió para negociar “la compra de 70.869 barriles de productos de petróleo diariamente a partir de julio y hasta finales de año”, específicamente “gasolina, aditivos para gasolinas, diésel”, y también “materias primas intermedias tales como gasoil de vacío y nafta catalítica, que las refinerías utilizan para la producción de combustible”. El informe (que se puede consultar en https://goo.gl/dsbCm8) hace énfasis en que el gobierno venezolano debe pagar este año US$3.200 millones de deuda pero la producción de crudo ha caído a la mitad de su capacidad instalada, que es de 3,1 millones de barriles diarios. Al dar prioridad al pago de la monumental y creciente deuda externa, ha dejado a un lado el gasto en mantenimiento.

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Sumada a la crisis social y económica, esta semana quedó en evidencia la crisis dentro del Gobierno, que no se limita a la figura de la fiscal Luisa Ortega Díaz, convertida en disidente dentro del chavismo, sino seguramente a otros mandos dentro de las fuerzas armadas, a juzgar por la reorganización de la cúpula, donde Vladimir Padrino López, a pesar de ser ratificado como ministro de Defensa, fue despojado de la jefatura del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, al frente del cual fue designado el almirante Remigio Ceballos Ichaso, mientras que los mayores generales Jesús Suárez Chourio e Iván Hidalgo Terán, dos veteranos del intento de golpe liderado por Hugo Chávez en 1992, fueron nombrados comandantes del Ejército y la Aviación, respectivamente, con lo que Maduro manda un mensaje a quienes hablan de una fractura del chavismo frente al llamado a la Constituyente.

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Para rematar el panorama, tal vez lo más significativo de los últimos días ha sido el giro de la política de los Estados Unidos con respecto a Cuba que, definitivamente, afecta también a Venezuela, tal como quedó demostrado con la negativa del Departamento de Estado de ese país a sostener las “reuniones de alto nivel” que Maduró encomendó organizar a su cuerpo diplomático ante la Administración Trump.

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Causa contrariedad pensar que en Colombia estamos ad portas de tener en el Congreso y en el debate político a extremistas que consideran que el modelo venezolano es digno de seguir, y que haya quienes crean que el diálogo de paz con las Farc y su incorporación a la vida política tendrá como marco el abandono de la violencia y el respeto a los principios democráticos, cuando abiertamente han señalado su apoyo, cercanía y admiración por el modelo y los protagonistas de la dictadura venezolana.